El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua informó que ha identificado a 132 de las 135 personas deportadas a Guatemala por el régimen de Daniel Ortega el pasado 5 de septiembre.
Sin embargo, por razones de seguridad, la identidad de los desterrados no será divulgada públicamente, conforme al acuerdo entre las víctimas y sus familias.
Muchos de los deportados fueron sometidos a torturas y amenazas antes de su expulsión, lo que ha llevado a algunos a mantener un perfil discreto ante el temor a represalias.
Según el organismo, al menos 100 presos políticos permanecen encarcelados en Nicaragua, muchos de ellos arrestados durante la última ola represiva de julio y agosto.
#CuartoComunicado oficial del Mecanismo sobre las 135 personas desterradas de Nicaragua a Guatemala, se ha logrado confirmar la identidad de 132 personas de las 135 desterradas:#LibertadParaLosPresosPoliticos #SOSNicaragua pic.twitter.com/cKWiFeH2M2
— Presas y Presos Políticos Nicaragua (@MPresasPresosNi) September 7, 2024
Entre los desterrados no figura la periodista cultural Fabiola Tercero, detenida el 12 de julio, quien sigue desaparecida tras su captura. La situación de Tercero refleja la gravedad de las desapariciones forzadas bajo el régimen de Ortega-Murillo.
Organizaciones de derechos humanos señalan una larga lista de presos políticos que no fueron liberados, incluyendo al exdiputado indígena Brooklyn Rivera y la líder miskita Nancy Henríquez, así como al activista Jaime Navarrete y otros reclusos que llevan más de una década tras las rejas.
Entre los casos más destacados se encuentran los de Marvin Vargas, exmilitar conocido como “El Cachorro”, junto a otros 10 acusados de un atentado el 19 de julio de 2013.y Eveling González, activista que se negó a abordar el avión con destino al exilio.
También permanecen detenidos sin juicio legal Lesbia Gutiérrez y Carmen María Sáenz Martínez, colaboradoras de la Diócesis de Matagalpa, en un claro ejemplo de las violaciones a los derechos fundamentales. Además, los ocho guardabosques indígenas de la comunidad mayagna, que defendían sus tierras de los colonos protegidos por el Ejército sandinista, continúan en prisión sin señales de ser liberados.
Este último acto de destierro masivo evidencia la profundización de la represión en Nicaragua, donde el régimen sandinista sigue actuando con total impunidad, vulnerando derechos humanos esenciales y sometiendo a su población a un estado de constante temor y persecución.
