La dictadura de Nicaragua de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció un plan de “evaluación y reestructuración” en el sector público con el objetivo declarado de “ahorrar recursos”.
Esta medida ha sido interpretada por medios de comunicación, actores de redes sociales y analistas políticos como una barrida laboral, motivada por la crisis en los ingresos del régimen.
Según fuentes extraoficiales, ya se ha implementado la medida con el despido de 40 personas de instituciones como la Procuraduría para los Derechos Humanos, el Ministerio de la Mujer, el Instituto de la Mujer y otros entes burocráticos.
A los despedidos se les aplicará una reforma legal que anula la mayoría de sus años de antigüedad y reduce significativamente sus derechos laborales.
Barrida “para brindar mejor servicio”
El régimen emitió una nota de prensa en la que explicó que la evaluación de programas busca “brindar mejor servicio al Pueblo nicaragüense”.
En el comunicado, se detallan las siguientes acciones: “Valoración del trabajo institucional”, “Ordenamiento y reestructuración” y “evaluación” para una reorganización y rediseño para promover “el ahorro y la eficiencia en el gasto y la gestión pública”.
Según el anuncio, la medida está orientada “a generar más recursos del Presupuesto General de la República para fortalecer la atención directa”.
“La revisión permitirá movilizar más recursos del ahorro obtenido para agilizar respuestas en gestiones pendientes”, dice la dictadura.
La dictadura afirmó que estas medidas permitirán al país enfrentar el segundo semestre de 2024 “con más fortaleza y capacidad de acción rápida para atender tareas urgentes”.
