Estados Unidos ofreció hasta $5 millones de recompensa por el arresto de los cabecillas del Clan del Golfo, una organización narcoparamilitar colombiana que es señalada de dirigir el tráfico de personas desde Colombia a Panamá a través de la Selva del Darién, anunció este martes el Departamento de Estado.
“En coordinación con la Iniciativa de Recompensas contra el Contrabando (ASR) del Departamento de Justicia, el Secretario Blinken ha aprobado tres ofertas de recompensas bajo el Programa de Recompensas por Crimen Organizado Transnacional (TOCRP) del Departamento de Estado dirigido a los principales líderes del Clan del Golfo (CDG) involucrados en el contrabando de personas en la región de Darién entre Colombia y Panamá”, informó el Departamento de Estado
La recompensa más grande es por $5 millones por “información que conduzca al arresto y/o condena de cualquier líder clave de CDG involucrado en el contrabando de personas en el Darién al alentar e inducir a los extranjeros a entrar en los Estados Unidos, lo que resulta en la muerte”.
Otra de las recompensas es de hasta 2 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de cualquier líder clave de CDG involucrado en el contrabando de personas en el Darién.
Además, Estados Unidos ofrece hasta un millón de dólares para información que conduzca a la interrupción de los mecanismos financieros del CDG para financiar, sostener o apoyar las operaciones de contrabando de personas en el Darién.
El Clan del Golfo es una organización narcoparamilitar colombiana, también conocido como Clan Úsuga, Los Urabeños, Bloque Héroes de Castaño y Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
“Las tres ofertas de recompensa de hoy apoyan los esfuerzos de aplicación de la ley en Colombia, Panamá y los Estados Unidos para interrumpir el tratamiento explotador de los migrantes de todo el mundo que buscan el paso a través de la región de Darién”, señala el comunicado.
Unas 520 mil personas pasaron el año pasado por la selva del Darién, rumbo a Estados Unidos, provocando una de las mayores crisis de migrantes irregulares en el continente. Panamá ha calificado el flujo como una amenaza a su seguridad nacional y el presidente electo, José Raúl Mulino, ha prometido el cierre del paso de migrantes por territorio panameño y la deportación de los mismos.
