Una estructura de crimen organizado, presuntamente con apoyo de fuerzas paramilitares nicaragüenses, estaría detrás de la extracción ilegal de oro en la clausurada mina Las Crucitas, en Costa Rica.
La mina, ubicada en San Carlos, Alajuela, en una zona remota fronteriza con Nicaragua, ha sido foco de actividad ilegal desde que Costa Rica rescindió un contrato de exploración con una compañía canadiense, desencadenando un largo litigio.
Un activista defensor de migrantes en la zona ha confirmado la presencia de hombres nicaragüenses con armas oficiales de la policía y el ejército sandinista, realizando labores de inteligencia y organización de los mineros artesanales de ambos países.
Asimismo, el Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica ha corroborado la existencia de una estructura operativa que incluye una red de vigilantes e informantes que alertan a los mineros artesanales, conocidos localmente como coligalleros, sobre la llegada de la fuerza pública para frenar la actividad ilegal.
El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, informó en una conferencia de prensa este domingo que la red está compuesta por 538 personas, distribuidas en la zona circundante a Crucitas. Durante los operativos realizados en lo que va del año, se ha detenido a un hombre identificado como un pastor de apellido Sandoval, presuntamente involucrado en la actividad ilegal, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía de San Carlos.
Las autoridades también descubrieron un taller que fabricaba tómbolas para procesar material minero en Coopevega de Cutris, gracias a un trabajo policial. Entre enero y mayo, el Ministerio de Seguridad Pública ha llevado a cabo diversos operativos que han resultado en importantes decomisos:
– 130 tómbolas de hierro
– 1,073 esferas metálicas
– 59 motores
– 19 plantas de poder
– 34 bombas extractoras
– 2 toneladas de sedimento
– Más de 1,300 herramientas e implementos para extracción
Además, han detenido a 342 personas por diversos delitos: 163 por estado migratorio irregular, 35 por psicotrópicos, 11 por capturas penales y tres por posesión de armas y explosivos. Los oficiales también han decomisado ocho armas de fuego, 10 armas blancas, 70 kilos de marihuana, 1,466 litros de gasolina, 120 litros de diésel, más de 9 millones de colones ($17,295) y 624,000 córdobas ($16,964), así como cerveza, madera y radios de comunicación.
Las Crucitas ha sido una mina a cielo abierto que, debido a su ubicación remota y la ausencia de autoridades, ha sido aprovechada por mineros artesanos, principalmente de Nicaragua, quienes extraen oro y lo venden en su país. La Fuerza Pública de Costa Rica ha intentado frenar la actividad ilegal en varias ocasiones, enfrentando fuerte resistencia de los mineros. En abril pasado, la policía costarricense disparó contra un grupo de mineros que rodeó una patrulla, resultando en la muerte de dos mineros nicaragüenses cuyos cuerpos fueron repatriados.
La zona ha sufrido abandono y saqueo, con consecuencias devastadoras como la contaminación con mercurio y cianuro, el uso de dinamita y un daño ecológico irreparable. Algunas voces han instado a Costa Rica a denunciar a Nicaragua por permitir la entrada y explotación de grupos ilegales que, aprovechando lo remoto del área, extraen el metal precioso dejando una estela de destrucción.
