La Corte de Constitucionalidad de Guatemala declaró improcedente la opinión consultiva solicitada por el presidente Bernardo Arévalo con la que buscaba saber si procede la destitución de la fiscal general, Consuelo Porras.
Arévalo, abiertamente enfrentado a Porras, una funcionaria considerada corrupta y antidemocrática y sancionada por más de una veintena de países por presuntamente atentar contra el estado de derecho, tiene como punto de honor la destitución de la abogada, a quien ha señalado de fomentar no sólo la corrupción, sino también defender la impunidad.
La Corte de Constitucionalidad tardó más de 7 semanas en responder la solicitud de Arévalo, interpuesta por medio del secretario general de la presidencia, Juan Gerardo Guerrero.
Porras se amparó ante la misma corte, evitando una potencial destitución. El argumento del Ministerio Público es que el mandatario busca llevar a cabo acciones de atentados contra Porras.
