El Fondo Verde para el Clima (GCF) anunció este jueves la cancelación de un acuerdo por 116.6 millones de dólares al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para ejecutar un proyecto para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las reservas forestales de Bosawás (norte) y Río San Juan (sur) de Nicaragua..
El GCF anunció la rescisión del Acuerdo de Actividad Financiada para el proyecto “BioClima, Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las biosferas de Bosawás y Río San Juan”.
La decisión del Fondo Verde llega después de constantes llamados por parte de defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas, quienes han expresado preocupación por la falta de atención a sus necesidades por parte del régimen en el poder.
Además, el anuncio llega después de un demoledor informe presentado en Ginebra, sede del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que devela la comisión de crímenes de lesa humanidad de la dictadura de Nicaragua, incluyendo acciones violentas y corruptas contra los pueblos indígenas.
El Fondo Verde justificó su decisión argumentando “incumplimiento de políticas y procedimientos sobre salvaguardias ambientales y sociales”, señalando así la importancia de garantizar el respeto por las salvaguardias ambientales y sociales en todos los proyectos financiados.
Este revés en el acuerdo de financiamiento resalta la relevancia de la vigilancia y el cumplimiento de los estándares ambientales y sociales en los proyectos de desarrollo, especialmente en áreas sensibles como la conservación de bosques y la protección de comunidades indígenas, según especialistas ambientales que celebraron el cierre del fondo a la dictadura Ortega-Murillo.
En el marco de la 55ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las organizaciones Right Livelihood y la Plataforma de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes denunciaron la alarmante situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en la Costa Caribe de Nicaragua.
Desde 2018, la represión y persecución política del régimen de Nicaragua ha sumido a las comunidades indígenas en una crisis de violencia e impunidad sin precedentes.
La violencia armada perpetrada por colonos en los territorios indígenas ha forzado el desplazamiento de numerosas familias, poniendo en riesgo sus vidas y eliminado sus derechos históricos a la propiedad.
Según datos recopilados por organizaciones indígenas en 62 comunidades, entre 2018 y 2023 se han registrado un total de 705 violaciones de derechos humanos, afectando a 1198 víctimas, con 25 indígenas asesinados.
La propiedad comunal y el derecho a la integridad física, psíquica y moral encabezan la lista de derechos violados, con 171 y 131 casos respectivamente.
La falta de respuesta efectiva por parte del Estado de Nicaragua ha exacerbado la situación, denuncian las organizaciones. Su complicidad por omisión, silencio e inacción ha permitido la expansión de invasiones coloniales, así como la incursión de la ganadería extensiva y empresas mineras transnacionales en territorios indígenas, sin respetar el proceso de Consulta, Previa, Libre e Informada.
