El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, ha propuesto una serie de recortes presupuestarios en áreas fundamentales del gasto social, entre ellas educación, salud y vivienda, desatando un debate candente en el Congreso sobre la viabilidad de tales medidas en una sociedad que enfrenta múltiples desafíos económicos y sociales.
En este contexto, el Congreso de la República se encuentra inmerso en la discusión del expediente 24.089, una propuesta emanada del Poder Ejecutivo para clausurar el Patronato Nacional de Ciegos (Panaci) y traspasar todas sus responsabilidades, así como fondos, cuentas, inversiones y activos, al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis).
La iniciativa, objeto de análisis en la Comisión de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor de la Asamblea Legislativa, ha generado opiniones encontradas tanto en el ámbito político como en el sector social.
Durante una audiencia reciente con diputados, la vocera del Panaci, Francis Hurtado, expresó su preocupación por la falta de claridad en torno al traspaso de funciones al Conapdis, destacando la incertidumbre que rodea el futuro de los seis funcionarios que integran el Patronato, algunos de ellos próximos a jubilarse y otros con discapacidad.
“Las personas aquí parece que no estamos. El Estado tiene una deuda eterna con la discapacidad”, señaló Hurtado, reflejando la preocupación y la incertidumbre que embarga a los trabajadores y usuarios del Panaci.
Mientras tanto, diversas organizaciones sociales que abogan por los derechos de las personas con discapacidad han manifestado su rechazo al cierre del Panaci, demandando su fortalecimiento en lugar de su clausura.
Si bien reconocen la necesidad de reformar el Panaci, estas organizaciones señalan al Estado como el principal responsable de su inoperancia, enfatizando la importancia de mantener y mejorar los servicios que brinda a la comunidad de personas con discapacidad.
Según el proyecto en discusión, el Panaci cuenta únicamente con un programa denominado Desarrollo Humano, cuyos fondos provienen exclusivamente del Gobierno Central, a través del Ministerio de Salud, incorporando para el año 2023 una suma cercana a los ¢178 millones en este rubro (unos $344,000).
