La comunidad de exiliados y refugiados nicaragüenses ha expresado fuertes críticas hacia la actitud del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y del Estado costarricense por su aparente cercanía con el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, luego de la deportación de un opositor al mencionado régimen.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas informó que Douglas Gamaliel Pérez Centeno, opositor requerido por Nicaragua, fue entregado al régimen de Ortega el viernes pasado, lo que ha generado una ola de cuestionamientos hacia la política migratoria y de derechos humanos del país centroamericano.
Daguer Hernández, ex subdirector de Migración y Extranjería de Costa Rica y abogado defensor de Pérez Centeno, señaló que la acción de Costa Rica evidencia un desconocimiento de la persecución que sufría el opositor en Nicaragua, lo que pone en entredicho la seguridad de los solicitantes de refugio en el país.
Según Hernández, a partir de esa acción de Chaves, más su confesión de estar en comunicación constante con el régimen, el haber minimizado el atentado contra el opositor Joao Maldonado y su pareja en San José, y haber negado prematuramente cualquier posibilidad de vínculo del atentado con la seguridad sandinista, son suficientes elementos para desconfiar de la protección de Costa Rica a los refugiados nicaragüenses.
Pérez Centeno, de 44 años, fue requerido por Nicaragua por varios delitos, incluido el homicidio de una oficial de policía y un ciudadano, lo que ha generado una serie de temores sobre su seguridad y la posibilidad de que las autoridades nicaragüenses fabriquen acusaciones en su contra.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica informó que se llevó a cabo un operativo para extraditar a Pérez Centeno, lo que ha sido criticado por diversos sectores, quienes alertan sobre una posible coordinación entre las fuerzas de seguridad de Nicaragua y Costa Rica.
Medardo Mairena, opositor nicaragüense y excarcelado político, denunció la acción de las autoridades costarricenses y expresó su preocupación por la seguridad de Pérez Centeno en Nicaragua, considerando que su vida podría estar en peligro.
Irlanda Jeréz, excarcelada y desterrada por el régimen de Ortega, calificó la decisión de Costa Rica como una grave violación a los derechos humanos y un precedente nefasto para los migrantes opositores refugiados en el país.
La deportación de Pérez Centeno ha desatado una serie de críticas y preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y la seguridad de los opositores nicaragüenses en Costa Rica, y ha generado una intensa discusión sobre la política migratoria y de extradición del país centroamericano.
