La Asamblea de Costa Rica condenó el atentado a balazos de la semana pasada contra el exiliado nicaragüense Joao Maldonado y su esposa Nadia Robleto, solicitando a las autoridades esclarecer el caso y determinar si en el país operan grupos criminales asociados al régimen de Nicaragua.
En una votación de 35 a favor de diversos partidos y 8 en contra de la fracción del gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD), el Plenario Legislativo aprobó la moción que “condena el cobarde ataque perpetrado contra Joao Maldonado, activista político opositor y exiliado nicaragüense y su esposa Nadia Robleto”.
Esclarecer el crimen
La moción también insta a las autoridades a “actuar con diligencia para esclarecer la causa de este atentado y determinar si en nuestro país operan grupos criminales articulados por la dictadura nicaragüense, dedicados a perseguir y atacar en territorio nacional a refugiados nicaragüenses”.
Joao Maldonado y Nadia Robleto, actualmente hospitalizados, fueron atacados a balazos por dos motociclistas cuando conducían en la localidad de Montes de Oca, en el sector este de San José.
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Este constituye el segundo atentado contra Maldonado, quien ya había sido víctima de un ataque similar en 2021 en Escazú, al oeste de San José.
¿Por qué tanta prisa presidente Chaves?
Pese a que apenas habían transcurrido 24 horas del atentado, la presidencia de Costa Rica emitió un comunicado negando relaciones entre los autores del atentado y la dictadura de la familia Ortega-Murillo, lo cual generó una lluvia de críticas al mandatario por la ligereza y precoz de su posición sin siquiera haber iniciado las investigaciones.
Los legisladores también exigieron al Gobierno costarricense “revisar los protocolos de protección de las personas que se encuentran en el país en condición de refugiado por razones políticas”.
Además, instaron al Gobierno a expresar “una clara condena y una enérgica censura al régimen Ortega-Murillo por violentar los derechos políticos más básicos y reprimir a la sociedad nicaragüense, encarcelar a reos de conciencia, perseguir a la prensa independiente, usurpar la propiedad privada de los ciudadanos y desterrar y despojar de su nacionalidad a opositores”.
La diputada Johana Obando, promotora de la moción, denunció en el Plenario que Nicaragua vive bajo “una dictadura tomada por una familia que ha hecho de Nicaragua un desierto”.
Además, destacó que Costa Rica, desde el inicio de las protestas en Nicaragua, ha acogido a más de 200.000 nicaragüenses que huyeron de la represión.
Justifican “relaciones cordiales” de Chaves con Ortega
Por su parte, el diputado Daniel Vargas, del gobernante PPSD, cuestionó la moción, asegurando que contiene premisas falsas y que las autoridades judiciales no han establecido vínculos entre el atentado a Maldonado y la dictadura de Nicaragua.
También mencionó que el presidente Chaves ha mantenido canales de comunicación abiertos con Nicaragua en favor de los intereses de Costa Rica y hasta confesó que habla con Ortega y Murillo antes de tomar decisiones en su país.
La situación generó un pronunciamiento del Partido de los Trabajadores de Costa Rica, denunciando el atentado como una acción de la dictadura de Daniel Ortega y señalando al Gobierno de Chaves de respaldar a la dictadura orteguista y no garantizar la seguridad de las personas refugiadas políticas.
La agrupación política exigió una investigación profunda y el rompimiento inmediato de relaciones diplomáticas con el régimen nicaragüense.
