El ritmo de clausura de organizaciones de la sociedad civil sigue implacable en Nicaragua bajo la dictadura de la familia Ortega-Murillo, que sólo en los primeros 16 días del año 2024 lleva más de 20 oficinas condenadas y confiscadas.
Este martes el Ministerio del Interior en Nicaragua (MINT) anunció la cancelación de la personalidad jurídica de 16 organismos sin fines de lucro, incluyendo 7 que habían solicitado voluntariamente su disolución.
Entre las organizaciones afectadas se encuentra la humanista Fundación 21 Síndrome Down Nicaragua, un centro privado dedicado a la capacitación especial de familias con hijos que padecen Síndrome de Down.
La ministra del Interior, María Amelia Coronel, respaldó la disolución de estas organizaciones no gubernamentales (ONG) a través de dos acuerdos ministeriales, los cuales fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.
La decisión de la ministra del dictador Ortega, incluyó la ilegalización de 9 ONG, en su mayoría de orientación cristiana, alegando “incumplimiento” de las leyes que las regulan.
Entre las organizaciones clausuradas se encuentran la Asociación Misión Pentecostés Jehová Proveerá (MPJP), el Club Campestre Estelí, la Fundación Misioneros Consagrados del Santísimo Salvador (M.C. SS. S), la Asociación Misión Apostólica Evangelística y Profética, la Asociación Misioneros de la Compañía de María (MISIONEROS MONTFCRISTIANOS), la Fundación Iglesia Familiar Nueva restauración (FIFANURE) y la Asociación Misiones Transmundiales de Nicaragua.
Asimismo, la Asociación Niñ@s del Fortín, un centro dedicado a la asistencia y apoyo educativo para niños y jóvenes en el basurero de León desde 1995, también fue ilegalizada.
La Fundación Societa Dante Alighieri de Nicaragua, un centro de enseñanza de la lengua italiana en Managua, de origen europeo, también fue cancelada por el Ministerio del Interior tras años de servicios educativos.
Para la ministra de la dictadura, estas organizaciones incumplen con las leyes de control de organizaciones y por ello, no solo las anula legalmente, sino que confiscan sus bienes y propiedades a favor del régimen.
Entre las organizaciones disueltas figuran iglesias evangélicas, grupos de apoyo social a cristianos, oficinas de atención emocional a personas en riesgo, colegios cristianos y redes de promoción del evangelio.
Estas acciones del régimen sandinista siguen generando preocupación sobre la libertad de asociación y expresión en el país, especialmente en un contexto político marcado por la prolongada dictadura de la familia Ortega-Murillo, atornillada a fuego y sangre al poder desde hace 17 años.
