Nicaragua ha enfrentado una situación económica y social desafiante desde el inicio de una crisis sociopolítica en 2018 y hasta el cierre de 2023, cinco años después, no ha recuperado sus niveles de empleo formal.
Según datos del Banco Central de Nicaragua, a noviembre de 2023, se registraron 795,924 trabajadores afiliados al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), lo que representa una disminución de 100,945 trabajadores en comparación con marzo de 2018, justo antes de que estallara la mencionada crisis.
De hecho, la crisis inició cuando la dictadura de la familia Ortega-Murillo, izquierdistas atornillados en el poder desde 2007, reformaron el Seguro Social con medidas extremas que obligaron a jubilados y trabajadores a protestar, ante lo cual la familia gobernante ordenó aplastar los reclamos con violencia estatal.
Esta pérdida de afiliación al INSS equivale a una disminución del 12.7% en el empleo formal en Nicaragua en comparación con marzo de 2018, cuando se tenían 896,869 afiliados.
Además, el número de afiliados en noviembre de 2023 es inferior a los 921,328 trabajadores inscritos en la Seguridad Social hasta noviembre de 2017, marcando un fuerte contraste con el auge económico que el país experimentó en ese momento.
Es importante destacar que los 795,924 asegurados representan aproximadamente el 21.97% de la Población Económicamente Activa (PEA) de Nicaragua y el 11.8% de la población total del país, que se estima en 6.7 millones de habitantes.
La crisis sociopolítica que azota a Nicaragua desde 2018 ha tenido un impacto significativo en el empleo formal. Según datos oficiales, en ese año se perdieron 157,923 empleos formales debido a las protestas y la agitación social que se desencadenaron.
Las manifestaciones de 2018 resultaron en una escalada de violencia en la que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 355 personas perdieron la vida, miles fueron heridos de bala, cientos de miles fueron detenidos, torturados, desaparecidos, acusados y desterrados de Nicaragua.
Sin embargo, algunas organizaciones locales elevan esta cifra a 684 víctimas, mientras que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sostiene que fueron “más de 300” y alega que se trató de un intento de golpe de Estado.
Desde entonces, Nicaragua ha continuado sumida en una profunda crisis política y social que se ha intensificado tras las controvertidas elecciones generales celebradas el 7 de noviembre de 2021.
En dichas elecciones, Ortega, quien ha estado en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo, y asumió su segundo período junto a su cruel esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta. Sin embargo, estos comicios estuvieron marcados por la controversia y la falta de transparencia, ya que los principales contendientes de Ortega se encontraban en prisión o en el exilio, lo que generó críticas y preocupaciones tanto a nivel nacional como internacional.
