En el transcurso del año 2023, Costa Rica ha experimentado una alarmante escalada en la violencia, marcada por un incremento sin precedentes en homicidios, asaltos y ataques atribuidos al crimen organizado.
Este inquietante panorama ha dejado al país centroamericano en un estado de alerta, mientras los ciudadanos exigen respuestas y soluciones a esta creciente amenaza para la seguridad pública.
El ministro de Seguridad de Costa Rica, Mario Zamora Cordero, abordó estos desafíos en una extensa entrevista con Noticias Columbia, donde compartió su análisis sobre los eventos de este año en términos de seguridad ciudadana.
Entre los temas candentes discutidos en la conversación, se destacan el aumento de homicidios, la lucha contra el narcotráfico y su influencia en el país, la implementación de escáneres en el puerto de Moín, la búsqueda de recursos para fortalecer la seguridad, la Política Nacional de Seguridad y, especialmente, las polémicas que rodean a los proyectos de ley relacionados con el crimen organizado y la delincuencia.
Uno de los aspectos más alarmantes señalados por el ministro Zamora es el dramático aumento en los homicidios.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se ha visto abrumado por la cantidad de casos, registrando 884 homicidios hasta el 19 de diciembre, lo que representa un aumento de 263 casos en comparación con el mismo período del año anterior.
Zamora atribuye este aumento a varios factores, entre los que se encuentran la creciente posesión de drogas por parte de grupos criminales, venganzas por muertes previas, la liberación de personas de la cárcel y traiciones dentro de los grupos delictivos.
El ministro subraya que, para hacer frente a esta creciente amenaza, es necesario actualizar y reformar las leyes que rigen el combate al crimen organizado y la delincuencia. Compara esta situación con utilizar una medicina anticuada que su abuelo habría usado hace 40 años, cuando la tecnología y la medicina actual no eran las mismas.
Zamora enfatiza que las leyes y el sistema judicial actual no están adaptados a los desafíos actuales que enfrenta el país en términos de seguridad. En este sentido, el ministro hace un llamado al Congreso para que apruebe nuevas normativas más rigurosas, que permitan la detención y el procesamiento efectivo de personas consideradas peligrosas o que porten armas prohibidas.
A pesar de las limitaciones de recursos, la Policía ha logrado detener a numerosos sospechosos este año en operativos destinados a prevenir actos de sicariato.
El problema de la seguridad no se limita solo a los homicidios.
Sergio Richmond, vocero de la Sección de Asaltos del OIJ, informa que en 2023 se ha observado un aumento del 5% en los asaltos a peatones en la periferia de San José, en comparación con el año anterior. Además, se han registrado 1,715 denuncias por robos en la vía pública en la provincia, contribuyendo a un total de más de 8,000 casos en todo el país. A la par, la cifra de homicidios por acciones narcos no parece tener tregua.
El director del OIJ, Randall Zúñiga, advierte que las proyecciones indican que el número de homicidios estimados entre 850 y 900 para 2023 se cumplirá. Solo en las fechas de Noche Buena y Navidad se reportaron 14 homicidios, según datos preliminares.
Además, señala que las restricciones presupuestarias han planteado preocupaciones sobre la capacidad del organismo para abordar esta creciente problemática de seguridad.
Para abordar esta crisis, se han implementado reformas legales, como la ampliación de los plazos de prisión preventiva y la creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO), que busca agilizar el procesamiento de casos de crimen organizado.
En resumen, Costa Rica se enfrenta a su peor retroceso en seguridad ciudadana en 2023, con un aumento alarmante en homicidios y delitos violentos, reconocidos por las autoridades, pero con cifras de subregistro estimada por expertos en seguridad.
Para el ministro Zamora el llamado a la acción es claro desde el gobierno: se requiere una actualización urgente de las leyes y una respuesta efectiva por parte del gobierno para abordar esta creciente amenaza a la seguridad pública.
La seguridad de los ciudadanos y el futuro del país dependen de medidas drásticas y eficaces para revertir esta tendencia preocupante, indicó, obviando a la vez que muchas de esas responsabilidades atañen al gobierno del presidente Rodrigo Chaves, quien ha sido cuestionado por minimizar la delicada situación y enfocar más sus esfuerzos en la economía del país y en los conflictos políticos con los otros poderes y entes estatales.
