En un giro radical que empodera a las fuerzas de seguridad sobre el control civil en Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgó más poder de represión a la policía bajo su servidumbre, al otorgarle por ley la administración del Ministerio de Gobernación y sus funciones civiles.
La dictadura familiar, en el poder desde 2007, aprobó mediante la Asamblea Nacional bajo su control en una sesión extraordinaria, una ley denominada “Establecimiento de Jerarquía de Grados en las Direcciones General del Ministerio de Gobernación”.
El Ministerio de Gobernación funciona como la principal oficina de confiscaciones, anulaciones de derechos, conspiraciones para desterrar y exiliar a nicaragüenses, anular o confiscar pasaportes; desde ahí se emiten las órdenes para torturar y castigar a los presos políticos así como administrar el negocio del tráfico de migrantes, todo ello dirigido en el terreno por el expolicía destituido por corrupción y narcotráfico, Luis Roberto Cañas Novoa, hoy viceministro de Gobernación y con autorización y firma de Maria Amelia Coronel Kinloch.
Diputados y diputadas aprobaron este viernes, la Iniciativa de Ley que establece la Jerarquía de Grados en las Direcciones Generales del Ministerio de Gobernación pic.twitter.com/n6U24vN9U1
— Asamblea Nacional Nicaragua (@AsambleaNi) December 22, 2023
De acuerdo a la nueva ley, ambos oscuros personajes a partir de la fecha deberán ser ascendidos a comisionados generales de la Policía, el penúltimo escalafón policial antes de alcanzar el grado de primer comisionado.
La nueva ley establece que a partir de ahora, el Ministerio de Gobernación y todas sus direcciones generales pasan a control de la Policía Nacional, entidad represiva sancionada por Estados Unidos por su participación en la masacre de 355 personas desde las protestas de 2018 que la familia Ortega-Murillo ordenó aplastar a sangre y fuego.
Antes del retorno de la siniestra dictadura en las elecciones general de 2006, Gobernación era la principal institución civil a la cual la policía se supeditaba, situación que ahora cambia y todo el personal de la oficina pasa a ser automáticamente miembro de la policía de Ortega, de modo que bomberos, agentes migratorios, guardias carceleros y hasta persona civil a cargo de puestos administrativos usarán uniformes y rangos policiales, según la ley.
La policía de la dictadura está dirigida por el primer comisionado Francisco Díaz Madriz, director general, consuegro de Daniel Ortega y padre de la directora del Instituto de Telecomunicaciones y Correos, Naima Díaz, ambos sancionados por corrupción y represión contra civiles en Nicaragua.
Esta nueva legislación, que busca “armonizar la jerarquía de grados” entre las direcciones del Ministerio de Gobernación, incluye la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional, la Dirección General de Bomberos, la Dirección General de Migración y Extranjería, y la Dirección General Administrativa.
En los escalafones de oficiales superiores se estableció como “comisionado o comisionado mayor” a los directores generales; y como “comisionado o comisionada” a los “subdirectores generales”.
En el escalafón de oficiales subalternos estarán capitán, teniente e inspector, mientras que en el escalafón ejecutivo estarán subinspector, suboficial mayor y suboficial.
👮🏻👮🏻♂️Policía Nacional despliega todas sus fuerzas en Plan Navidad
Este 23 de diciembre desplegó el Plan Navidad de Seguridad y Alegría 2023 ejecutado por la Policía Nacional en los 153 municipios de Nicaragua.
El lanzamiento del plan implica el reforzamiento de los dispositivos… pic.twitter.com/6jWVdGX8H2
— Canal 2 (@Canal2Nicaragua) December 23, 2023
El comisionado general, según el artículo 3 de la “Ley que establece la jerarquía de grados de las direcciones generales del Ministerio de Gobernación”, será el único facultado para “elaborar y aprobar normativas internas para la convalidación y conversión de grados, referido a la permanencia y ascensos en grados”.
La ley ha generado inquietud entre activistas de derechos humanos y observadores internacionales, quienes ven en ella una estrategia para fortalecer el aparato represivo del régimen y limitar aún más las libertades civiles en el país.
La subordinación del Ministerio de Gobernación a la Policía Nacional representa un retroceso significativo en términos de separación entre las funciones civiles y de seguridad del Estado, y plantea serias preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y la legalidad en Nicaragua.
