A medida que se acerca el 31 de diciembre, fecha en que vence la aplicación de la Nica Act, existe un creciente interés en el Congreso de Estados Unidos para reautorizar y potencialmente fortalecer esta ley, según informó Eric Olson, director de políticas e iniciativas estratégicas de la Fundación Internacional de Seattle y miembro del Wilson Center, en declaraciones al medio regional Expediente Público.
La Nica Act, vigente desde el 20 de diciembre de 2018, ha sido un instrumento clave en la estrategia de Estados Unidos para presionar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, en respuesta a las violaciones de derechos humanos y el retroceso democrático en el país desde 2018.
Olson indicó que se están considerando “varios asuntos nuevos” para adaptar la ley al contexto actual y aumentar la presión sobre el régimen nicaragüense.
Aprobada originalmente como la Ley Nicaragüense de Condicionalidad de las Inversiones (NICA) y promulgada por el entonces presidente Donald Trump, la ley busca frenar los abusos del régimen de Ortega y Murillo.
Olson subrayó a Expediente Público que hay esfuerzos en el Senado de Estados Unidos para ampliar la ley, aunque el resultado final de estas negociaciones aún es incierto.
La activista Rosalía Miller, miembro de Plataforma de Unidad por la Democracia, también confirmó a Expediente Público que están cabildeando en Washington para lograr una extensión de la “Nica Act”.
Miller destacó la importancia de esta ley y la necesidad de herramientas adicionales, como la Ley Renacer, para abordar la situación en Nicaragua.
La Ley Renacer, que complementa la “Nica Act”, pone énfasis en revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos.
Damaris Rostrán, coordinadora de la Mesa de Trabajo de la Diáspora en New Jersey-Nueva York, destacó a Expediente Público la importancia de actualizar las sanciones individuales y dirigidas a instituciones clave como el Ejército de Nicaragua.
El 2023 ha sido un año especialmente crítico para la Iglesia católica en Nicaragua, con más de 740 ataques registrados desde abril de 2018, según el informe de Martha Patricia Molina, autora de “Nicaragua ¿una Iglesia perseguida?”.
Molina destacó que este año ha sido el más funesto para la Iglesia en el quinquenio reciente, con un incremento significativo en la represión y ataques.
La Nica Act ha autorizado a Estados Unidos a imponer restricciones de visa y congelar activos de individuos y entidades nicaragüenses responsables de violaciones de derechos humanos.
A pesar de estas medidas, los esfuerzos por renovar y fortalecer la ley indican una preocupación continua por la situación en Nicaragua y la necesidad de una acción más efectiva para abordar la crisis política y de derechos humanos en el país.
