El gobierno de Costa Rica presentó su nueva política de seguridad pública, en un esfuerzo por reforzar la lucha contra el narcotráfico y el sicariato, problemas que han ido en aumento en el país.
Esta, que se inserta en el marco de operaciones como Costa Rica Segura y Operación Soberanía, contempla cuatro ejes principales: prevención social, criminalidad común, crimen organizado y narcotráfico, y protección y defensa de la nación.
Mario Zamora Cordero, ministro de Seguridad, detalló que las medidas incluyen inteligencia policial para identificar a sicarios y bandas criminales, así como un enfoque en la prevención a través de retenes dinámicos y operaciones conjuntas entre distintos cuerpos policiales.
También se prestará atención a la identificación de refugios y puntos de venta de drogas en las 492 jurisdicciones distritales del país.
Este lanzamiento ocurre en un contexto de creciente violencia en Costa Rica, marcado por la guerra de pandillas y el tráfico de drogas. El plan busca no solo responder a la violencia actual, sino también sentar las bases para una política de seguridad a largo plazo.
Paralelamente, el diputado de Nueva República, David Segura, lidera una iniciativa legislativa para abordar el problema del sicariato de manera integral.
El proyecto, que cuenta con el apoyo de 20 diputados, busca imponer penas más severas por sicariato y prevenir el reclutamiento de menores en estas actividades criminales.
El proyecto de ley propone penas de 20 a 35 años de prisión para quienes cometan sicariato y de 25 a 35 años para quienes recluten menores de edad para estos actos. Además, contempla sanciones para la oferta o publicidad de servicios de sicariato.
“Es imperativo modernizar el Código Penal para abordar de frente el principal problema que actualmente aqueja a Costa Rica. Debemos frenar a los sicarios actuales mediante penas de cárcel más rigurosas y, al mismo tiempo, prevenir la aparición de sicarios futuros penalizando el reclutamiento de niños y jóvenes para llevar a cabo actos tan lamentables en nuestro país”, expresó Segura.
La iniciativa legislativa de Segura surge en un momento crítico, tras la decisión del presidente Rodrigo Chaves de retirar sus propuestas de ley del congreso en un arranque de ira por la ausencia de diputados durante el lanzamiento del plan de seguridad.
Segura ha solicitado la convocatoria del proyecto durante las sesiones extraordinarias actuales, con el objetivo de avanzar en el proceso legislativo.
Estas medidas reflejan el esfuerzo del gobierno y del legislativo costarricense por enfrentar una de las mayores amenazas a la seguridad pública del país, en un momento donde el sicariato y el narcotráfico han escalado a niveles preocupantes, afectando la tranquilidad y el bienestar de los ciudadanos costarricenses.
