En un giro crucial para miles de inmigrantes latinoamericanos, el juez federal Drew B. Tipton del distrito sur de Texas ha establecido una fecha límite para contrarrestar los argumentos finales en torno al parole humanitario anunciado por el presidente Joe Biden en enero pasado.
Este programa permitiría a ciudadanos de Haití, Nicaragua, Cuba y Venezuela entrar legalmente a los Estados Unidos con el respaldo de un patrocinador.
La decisión, que será tomada posterior al 27 de octubre de este año, podría tener un impacto significativo en la situación de inmigrantes provenientes de estos países, sumergidos en represión, pobreza e inseguridad.
Tres de ellos, Cuba, Nicaragua y Venezuela, sufren regímenes dictatoriales que han expulsado a miles de sus ciudadanos al exilio y la migración.
Si el juez Tipton falla en contra del programa, se esperaría la inmediata presentación de apelaciones de la Casa Blanca, aunque las personas en tránsito o ya aprobadas no serían perjudicadas por esta acción legal.
El gobierno de Joe Biden se encuentra bajo presión para demostrar que el parole responde a criterios humanitarios, no a un programa de visas, como han argumentado los estados demandantes.
Añadir una casilla en las solicitudes para explicar las causas humanitarias que respaldan el patrocinio podría fortalecer el caso en defensa del gobierno. Además, se ha insistido en que se han cumplido “todos los tópicos de seguridad”.
Por su parte, los estados demandantes, que incluyen a Texas, Alabama, Alaska, Arkansas, y otros 16, deben presentar pruebas concretas del costo que representa esta iniciativa migratoria y su posible carga pública para el país.
Una pregunta crucial se mantiene en el aire: ¿debería considerarse vivir en la pobreza una necesidad humanitaria urgente? Una abogada del Departamento de Justicia que defiende al gobierno sugiere lo contrario.
Mientras tanto, el programa de parole sigue en funcionamiento.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, más de 181,000 viajeros llegaron legalmente a EE.UU. hasta julio.
Esto incluye más de 41,000 personas de Cuba, 72,000 de Haití, 34,000 de Nicaragua y 63,000 de Venezuela, quienes han sido examinados y autorizados para viajar al país.
Adicionalmente, se estima que más de 39,000 cubanos, más de 60,000 haitianos, 27,000 nicaragüenses y más de 55,000 venezolanos ya han ingresado al país bajo el programa.
Este caso, que involucra a miles de inmigrantes latinoamericanos, está siendo seguido de cerca por diversas partes interesadas y se espera que genere un debate significativo en torno a las políticas
