No hay freno para los abusos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Tras confiscar la Universidad Centroamericana de los jesuitas y expulsar a su personal directivo, el régimen ordenó a la Universidad Americana, propiedad del ejército, negar el ingreso a 600 exestudiantes del alma mater confiscada.
Así lo confirmaron estudiantes, padres y madres de familia y fuentes de la misma universidad de carácter privada, pero que forma parte de los activos del Ejército de Nicaragua, bajo control y servidumbre del régimen Ortega-Murillo.
Al confiscar la UCA y renombrarla Universidad Nacional Casimiro Sotelo, nombre de un guerrillero sandinista, cientos de miembros de la población estudiantil estimada en 5,000 miembros, recurrieron a la universidad del ejército a inscribirse en carreras afines.
En un inicio la UAM les aceptó trámites, pero ayer cancelaron las inscripciones y hoy empezaron a comunicar individualmente a los estudiantes para notificarles que no aceptarían sus traslados de carrera.
Los parientes de los estudiantes y los mismos universitarios lamentaron que mientras universidades internacionales le abren las puertas a los futuros profesionales, la dictadura de Ortega y los militares se las cierran.
La Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) condenó la decisión de la UAM la calificó como “una persecución contra los estudiantes de la UCA” por parte del Ejército.
“Muchos estudiantes buscaron refugio académico en la Universidad Americana (UAM). Es una vergüenza que el Ejército Sandinista, dueño de la UAM, ahora se preste para hostigar y a humillar a jóvenes que simplemente buscan una educación de calidad, libre de persecución y violaciones a los derechos humanos, cosas todas ellas ausentes en las instituciones controladas por el régimen sandinista”, resalta el comunicado.
Asimismo, señalan que este acto confirma la complicidad del Ejército Sandinista en las violaciones generalizadas a los derechos humanos y en la degradación de la calidad educativa en Nicaragua.
“Instamos a la comunidad internacional y a los defensores de los derechos humanos a condenar esta nueva forma de represión y a unirse en solidaridad con los estudiantes perseguidos. El Ejército Sandinista tiene que ser sancionado a nivel internacional”, indican.
