Un tribunal costarricense confiscó unos $6.6 millones depositados en un banco del país centroamericano y que pertenecían al expresidente peruano, Alejandro Toledo, luego de recibirlos como parte de un esquema de sobornos por contratos otorgados a la firma brasileña Odebrecht, confirmó este martes la Fiscalía costarricense.
“Tuvimos la oportunidad de ir tras el dinero procedente de una actividad ilícita, en 2020 presentamos la demanda y recientemente hemos sido notificados que la demanda favorece al Estado y la suma de $6.6 millones en favor del Estado, este dinero pasa a ser administrado por el Instituto Costarricense contra las Drogas que según la ley debe distribuirlo entre instituciones que trabajan en la persecución del delito”, confirmó el fiscal Olger Calvo en declaraciones a periodistas.
El Juzgado Contencioso Administrativo y Civil del Ministerio de Hacienda emitió la sentencia el 28 de abril, por medio de la cual se condenó a la sociedad Ecostate Consulting Group S.A al pago de ese monto y que pasará a las arcas del Estado costarricense. La Fiscalía confirmó solo este martes la sentencia.
Toledo, actualmente procesado en su país por actos de corrupción luego de ser extraditado en abril pasado desde Estados Unidos, estaba detrás de la sociedad Ecostate Consulting Group S.A, titular de la cuenta. A Toledo se le imputa haber recibido $ 34 millones de la compañía brasileña mediante varias empresas creadas en paraísos fiscales.
El dinero confiscado es parte de la investigación del llamado caso Ecoteva, abierto en 2013 y que habría servido para recibir sobornos de Odebrecht. En el caso también se ha involucrado su suegra, Eva Fernenbug, y el encargado de seguridad durante su Gobierno, Avraham Dan On.
Toledo gobernó Perú entre 2001 y 2006. En 2011 intentó volver a la presidencia pero fracasó y quedó en cuarto lugar.
“Costa Rica inició la investigación propia por el delito de legitimación de capitales dado a que nuestro sistema financiero ingresó más de $20 millones producto de ese acto de corrupción. Parte de ello salió del país, se inmovilizaron casi $7 millones. Con eso se ahondó más en las diligencias de la investigación y nos percatamos que la entidad financiera costarricense que tenía en ese momento la custodia de los recursos dio muchas facilidades, violentando las normas antilavado”, indicó el fiscal Calvo.
El funcionario explicó que se emprenderá una acción penal personal contra Toledo y se analiza una acción patrimonial que se le declare la pérdida de los bienes ilícitamente obtenidos
