La viceministra de Seguridad de Honduras, Julissa Villanueva, lanzó fuertes críticas contra la reciente decisión de la Policía Nacional de ofrecer una recompensa superior a los $135,000 por información que conduzca a la detención del general en retiro Romeo Vásquez Velásquez, exjefe del Estado Mayor Conjunto, quien enfrenta acusaciones de homicidio durante una manifestación en junio de 2009, tras el golpe de Estado.
“Sólo falta que le pongan a la recompensa del general Romeo Vásquez Velásquez ‘se busca vivo o muerto'”, expresó Villanueva en declaraciones cargadas de indignación y cuestionamiento.
Para la funcionaria, el monto ofrecido no guarda proporción con la peligrosidad del acusado y, sobre todo, representa un uso irresponsable de los limitados recursos del Estado.
Villanueva recordó que, aunque se han hecho públicas denuncias sobre otras malas inversiones dentro del aparato estatal —incluyendo gastos de más de 100 mil lempiras ($3,865) en golosinas en otras secretarías—, esto no puede ser usado como excusa para justificar lo que considera una “decisión incongruente y errada”.
“Al menos yo me desligo de esas absurdas tomas de decisiones, fuera de todo razonamiento lógico”, afirmó, marcando una clara distancia con la estrategia adoptada por el Ministerio de Seguridad.
La viceministra también apuntó directamente al titular de la Secretaría de Seguridad, Gustavo Sánchez Velásquez, a quien responsabilizó por la medida.
“Es a quien el Tribunal Superior de Cuentas debe auditar esos gastos”, sentenció.
El caso de Romeo Vásquez Velásquez ha revivido viejas heridas en el país, al tratarse de una figura central durante el golpe de Estado de 2009.
Sin embargo, la crítica de Villanueva resalta un componente político en la decisión de la recompensa, advirtiendo sobre los riesgos de manipulación en la administración de justicia y recursos públicos.
