Usar chalecos antibalas, cambiar constantemente de ruta y vigilar las entradas de restaurantes fueron algunas de las precauciones adoptadas por políticos costarricenses durante la anterior administración.
Los casos afectaron a nueve integrantes de la Asamblea Legislativa que ejercieron durante el gobierno de Rodrigo Chaves. La cifra equivale a casi el 16 % de los 57 escaños del Congreso de Costa Rica.
Los exdiputados Dinorah Barquero, Sofía Guillén, Vanessa Castro, Priscila Vindas, Ariel Robles, Francisco Nicolás, Kattia Cambronero, Geison Valverde y Johana Obando ingresaron al programa de protección de víctimas y testigos del Ministerio Público.
Entre los episodios denunciados aparecen amenazas de muerte, persecuciones, mensajes de odio y agresiones contra animales domésticos. Algunos exlegisladores fueron trasladados por agentes, suspendieron actividades públicas o limitaron sus salidas.
Otros cuatro miembros del anterior Congreso, Andrea Álvarez, Rocío Alfaro, Alejandro Pacheco y Paulina Ramírez, también reportaron intimidaciones, aunque no ingresaron al programa. En total, al menos 13 exdiputados, casi uno de cada cuatro, denunciaron amenazas.
Varios de los afectados vincularon los ataques con sus investigaciones legislativas, sus críticas al Ejecutivo y su papel como oposición durante la administración de Chaves. Esa relación corresponde a los testimonios de los exlegisladores, mientras algunos casos siguen bajo investigación judicial.
Especialistas consultados por el periodico La Nación advirtieron que la polarización vivida durante el anterior gobierno pudo favorecer un clima de hostilidad y autocensura, con consecuencias para el debate público y la democracia costarricense.