El Ministerio de Gobernación de Guatemala informó que los daños provocados durante el motín ocurrido el 1 de agosto en la cárcel Renovación 1, en Escuintla, ascienden a 1.5 millones de quintales (casi 200 mil dólares).
La cifra incluye reparaciones de infraestructura como cemento, hierro, planchas metálicas, materiales eléctricos y otros insumos para restaurar el penal que alberga a reclusos de alta peligrosidad.
El titular de la cartera, Francisco Jiménez, sugirió que el motín pudo haber sido organizado por cabecillas de pandillas que fueron trasladados al centro penitenciario tan solo un día antes del disturbio.
El funcionario aclaró que no cuenta con pruebas concluyente, pero insinuó que la revuelta no fue un acto espontáneo sino una reacción planificada ante las restricciones impuestas por las autoridades.
El gobierno atribuye los actos violentos a las medidas recientes implementadas para limitar el poder d e las pandillas dentro del penal. Según Jiménez, las reparaciones se realizarán “no serán retoques como se hacían en gobiernos del pasado”, sino trabajos estructurales para fortalecer aún más la seguridad del centro, en línea con el perfil de peligrosidad de los internos.
El Ministerio de Gobernación aseguró que la reconstrucción será respetando los derechos humanos de los internos, pero con firmeza y apego a su responsabilidad de garantizar el orden en el lugar.
Pese a los daños, el ministro destacó la respuesta oportuna del Grupo Élite Penitenciario, que logró controlar la situación en poco tiempo, evitando una tragedia mayor.
Prevenir más motines
Para prevenir nuevos disturbios, las autoridades aseguraron que se reforzarán los controles internos y mantendrán medidas estrictas de vigilancia, especialmente para los internos de alta peligrosidad, que permanecen en aislamiento.
La Policía Nacional Civil también tendrá un papel fundamental en las labores preventivas al interior de Renovación 1.
El motín que llevó a estas acciones es el segundo registrado en este penal desde su apertura. El primero ocurrió el 15 de junio, cuando reclusos retuvieron a personas durante el horario de visita.
En ese entonces, se reportó que algunos familiares colaboraron en la revuelta y que los cabecillas de pandillas exigían la devolución de objetos que fueron decomisados durante una requisa.
Entre los diez cabecillas recientemente trasladados figuran miembros de la pandilla 18 y Mara Salvatrucha, conocidos por su historial delictivo en la región.