Relator de la ONU urge a Guatemala detener desalojos y garantizar acceso a vivienda digna

Balakrishnan Rajagopal, relator especial de las Naciones Unidas sobre vivienda, pidió al gobierno una moratoria inmediata a los desalojos forzados y advirtió que el país enfrenta una crisis estructural de acceso a la lugares para vivir, agravada por la falta de servicios básicos y el despojo de comunidades indígenas y campesinas.

Viviendas de familias de vulnerables en Guatemala (imagen tomada de redes sociales).

Guatemala enfrenta una crisis habitacional estructural que requiere reformas profundas, inversión estatal y un nuevo enfoque sobre la propiedad y los servicios básicos, advirtió el relator especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada.

Durante su visita oficial a Guatemala, del 14 al 25 de julio, Balakrishnan Rajagopal, relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada, advirtió que el país atraviesa una grave situación en materia habitacional que va más allá de la simple construcción de casas. 

“Un hogar no es simplemente cuatro paredes y un techo, un hogar tiene que tener acceso a servicios: agua, saneamiento, escuelas y hospitales, que son servicios básicos”, subrayó durante la presentación de su informe preliminar.

Rajagopal hizo un llamado enérgico al gobierno guatemalteco a establecer una moratoria a los desalojos forzados, especialmente aquellos que afectan a comunidades indígenas y campesinas. Señaló que estos procesos, muchas veces violentos, constituyen una violación directa al derecho humano a una vivienda adecuada.

En su diagnóstico, el relator señaló la necesidad urgente de inversión pública para mejorar no solo el acceso a la vivienda, sino también la planificación urbana, la infraestructura de servicios como agua potable y electricidad, y un marco legal más justo que reconozca distintas formas de tenencia de la tierra. 

Señaló que la escasez de agua es una verdadera crisis en el país.

Uno de los aspectos que más preocupación generó en la visita del relator fue la situación de los registros de tierras, particularmente en territorios indígenas y rurales, donde persiste la inseguridad jurídica sobre la propiedad y los títulos comunitarios. Rajagopal consideró indispensable que el país “replantee su enfoque legal sobre la propiedad privada”, en aras de proteger los derechos colectivos y frenar el despojo.

En su informe preliminar, el experto también se refirió a las condiciones de vida en asentamientos informales urbanos, donde miles de personas habitan sin acceso regular a servicios básicos, expuestos a riesgos sanitarios, ambientales y de violencia. “El Estado tiene la obligación de atender estas situaciones como una prioridad de derechos humanos”, afirmó.

Rajagopal adelantó que su informe final será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, pero instó a las autoridades guatemaltecas a tomar acciones inmediatas para evitar el agravamiento de la crisis habitacional en el país.

 

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