La dictadura Ortega-Murillo volvió a la carga en contra de las ONG u organismos sin fines de lucro y canceló 17 más, entre estas la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), “por incumplimiento a las leyes que le regulan”. El Ministerio de Gobernación ordenó el castigo,
Según el Ministerio de Gobernación, Asobanp no reportó los estados financieros del periodo 2020-2021 y tenía su junta vencida desde marzo de 2018, por lo que emitió la resolución para su cancelación.
Con el cierre del organismo y los otros 16, la dictadura ya lleva cancelados 3,223 entidades de este tipo tras las protestas populares que estallaron en Nicaragua en abril de 2018.
Asobanp está integrada por el Banco de la Producción, Banco de América Central, Banco Ficohsa Nicaragua, Banco de Finanzas, Banco Lafise Bancentro y Banco Avanz. Esta funcionaba desde 1994.
Asobanp estaba en la mira de la dictadura desde que en un pronunciamiento rechazó una reforma a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, aprobada en la Asamblea Nacional. Esta prohíbe cerrar cuentas a los usuarios de manera unilateral o sin notificar la causa, excepto cuando se trate de narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero y combate a la financiación de armas de destrucción masiva.
Con esa ley prácticamente neutralizaban las intenciones de Estados Unidos de sancionar económicamente a 30 funcionarios nicaragüenses, incluyendo a la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo y tres de sus hijos, entre otros allegados.
El Ministerio de Gobernación insistió en que cerró los organismos por no haber reportado sus estados financieros en varios períodos.
