La inauguración del proyecto vial privado Xochi Corredor de las Flores, una obra diseñada para mejorar la conectividad entre Suchitepéquez y Retalhuleu, quedó en suspenso luego de que la Municipalidad de Mazatenango paralizara las operaciones a pocos días de su apertura oficial.
La carretera de peaje, desarrollada por Fondo BPS S.A., constituye una alternativa de movilidad sobre la ruta CA-2 y busca reducir significativamente los tiempos de traslado hacia y desde el suroccidente de Guatemala mediante una vía moderna de 31 kilómetros.
Según la empresa, la suspensión se produjo tras acciones ejecutadas por la Municipalidad de Mazatenango relacionadas con la licencia de construcción del proyecto, situación que ha generado una controversia entre la comuna, los desarrolladores y diversos sectores empresariales.
La compañía sostuvo que desde febrero de 2026 presentó la solicitud para una segunda renovación de la licencia de construcción, aproximadamente mes y medio antes del vencimiento de la prórroga vigente. Sin embargo, afirmó que hasta la fecha no ha recibido una resolución formal por parte de la administración municipal.
Asimismo, indicó que durante los últimos meses se realizaron inspecciones que calificó como irregulares y que incluso incluyeron la presencia de personal armado durante algunas diligencias efectuadas en las instalaciones del proyecto.
En un comunicado oficial, la empresa aseguró que ha cumplido con todas las disposiciones legales y normativas aplicables durante las fases de diseño, construcción y conexión con las rutas públicas, además de respetar los estándares internacionales de transparencia y calidad.
La desarrolladora también denunció que el pasado 4 de junio se bloqueó el acceso a una de las vías principales que forman parte del derecho de vía adquirido legalmente por la compañía, sin que se notificaran previamente las razones de la medida ni se permitiera ejercer el derecho de defensa.
Ante esta situación, Xochi informó que presentó acciones legales para solicitar la intervención de las autoridades judiciales y proteger los derechos de los inversionistas, trabajadores y usuarios que esperan utilizar la nueva infraestructura vial.
Pese a la controversia, la empresa reiteró su intención de inaugurar el proyecto el próximo 12 de junio en un evento privado y abrir posteriormente la carretera al público el 14 de junio, conforme al calendario originalmente previsto.
La obra ha generado expectativas entre usuarios y sectores productivos debido a que permitirá reducir tiempos de desplazamiento para el transporte de mercancías, turismo y movilidad particular en una de las regiones con mayor actividad económica del país.
La carretera cuenta con el respaldo financiero de más de 600 inversionistas guatemaltecos y el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), factores que han convertido el proyecto en una referencia para futuras inversiones privadas en infraestructura.
La decisión municipal provocó una inmediata reacción del sector empresarial. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) manifestó su rechazo a la suspensión y defendió la legalidad del proyecto.
La organización señaló que la medida adoptada por la administración del alcalde Carlos Villagrán vulnera principios constitucionales relacionados con la propiedad privada, el debido proceso y la libertad de industria, comercio y trabajo.
El CACIF advirtió que este tipo de acciones generan incertidumbre jurídica, afectan la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros y perjudican la imagen de Guatemala como destino para nuevas inversiones.
El sector empresarial hizo un llamado a las autoridades competentes para garantizar el respeto al Estado de derecho, restablecer las garantías constitucionales y evitar decisiones que, a su juicio, comprometen la