El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, expresó este viernes su rechazo a la nueva Policía Municipal creada por la Alcaldía de Panamá. Además, cuestionó la legalidad del acuerdo que transformó el antiguo cuerpo de vigilancia municipal en una fuerza con facultades policiales.
“Estoy en contra del nuevo concepto de policía municipal. Eso nació para cuidar parques y monumentos y no se puede transformar en otra policía. Además de inconstitucional, cada alcalde puede hacer lo mismo y sería un desastre”, escribió Mulino en redes sociales.
El mandatario también señaló que los uniformes de ese cuerpo pueden confundirse con los del Servicio de Protección Institucional (SPI), el organismo encargado de la seguridad presidencial. “Ojalá se tumbe eso”, añadió.
El cambio amplió funciones y capacidad operativa
La controversia surge por el Acuerdo Municipal 162. Dicho acuerdo fue aprobado por el Consejo Municipal de Panamá el 17 de junio de 2025 durante la administración del alcalde Mayer Mizrachi.
Esa norma convirtió la antigua Dirección de Seguridad Municipal en Dirección de Policía Municipal. Además, modificó sus atribuciones, estructura y reglas sobre el uso de la fuerza.
Estoy en contra del nuevo concepto de policía municipal. Eso nació para cuidar parques y monumentos y no se puede transformar en otra policía. Además de inconstitucional , cada alcalde puede hacer lo mismo y sería un desastre, aparte de los uniformes que se confunden con el SPI.…
— José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) August 8, 2026
El acuerdo autoriza a los agentes a poseer, portar y utilizar armas de fuego cortas y largas, además de armas de letalidad reducida, con registro ante el Ministerio de Seguridad Pública.
Asimismo, establece facultades para realizar requisas corporales, registros de vehículos, aprehensiones y detenciones preventivas. Además, autoriza el uso de fuerza no letal y, en determinadas circunstancias, fuerza letal.
“Es bastante lamentable”, expresó el alcalde de Panamá, @Mayer Mizrachi, sobre lo ocurrido ayer en la sede de @Panamaalcaldia donde una protesta de exfuncionarios que exigen el pago de su prima de antigüedad terminó en un altercado violento con unidades de la Policía Municipal.… pic.twitter.com/WKkkNHGbsK
— Telemetro Reporta (@TReporta) August 4, 2026
La nueva estructura también adopta rangos similares a los de cuerpos policiales y militares, como cabo, sargento, teniente, capitán y mayor.
Juristas y exautoridades cuestionan el acuerdo
El exalcalde del distrito de Panamá, José Isabel Blandón, respaldó públicamente la posición de la magistrada Maribel Cornejo Batista, presidenta de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien advirtió que el acuerdo podría vulnerar la Constitución panameña.
Blandón sostuvo que la creación de una policía municipal mediante un acuerdo municipal contradice el artículo 310 de la Constitución, que establece que los cuerpos de policía deben crearse por ley aprobada por la Asamblea Nacional.
Cornejo emitió un salvamento de voto al considerar que la Corte debió admitir una demanda de inconstitucionalidad contra el acuerdo. Se refería al acuerdo que creó la nueva Policía Municipal.
El Gobierno mantiene acciones legales abiertas
El debate se desarrolla mientras el Ministerio de Seguridad Pública mantiene una demanda de nulidad ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo. Busca intentar anular el acuerdo municipal.
El Gobierno sostiene que las funciones de policía corresponden a los organismos nacionales de seguridad. Además, señala que una vigilancia municipal limitada no equivale a una fuerza policial con atribuciones represivas.
La discusión también cobró fuerza tras un incidente ocurrido el 3 de agosto de 2026 en el edificio Hatillo, sede del Municipio de Panamá.
Ese día, un exfuncionario municipal resultó gravemente herido durante un enfrentamiento con agentes de la Policía Municipal. Además, permanece hospitalizado.
Un debate sobre el alcance de la autonomía municipal
Antes del Acuerdo 162, el municipio operaba un sistema de vigilantes municipales orientado a proteger parques, mercados e instalaciones públicas.
La reforma amplió las competencias del cuerpo de seguridad y abrió un debate sobre los límites de la autonomía municipal frente a las competencias del Estado panameño en materia de seguridad pública.