El gobierno de Honduras elevó este jueves la recompensa por información que conduzca a la captura de Romeo Vásquez Velásquez a 35 millones de lempiras ($1.3 millones), confirmaron fuentes oficiales. El incremento busca reforzar la búsqueda del general retirado, señalado por delitos graves tras el golpe de Estado de 2009.
El caso ha ganado notoriedad nacional e internacional, y con esta cifra récord, se convierte en la recompensa más alta jamás ofrecida en el país, lo que demuestra la presión política y social por resolver una de las causas más emblemáticas de la justicia hondureña.
Vásquez Velásquez, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, enfrenta cargos por el asesinato de Isy Obed Murillo y tentativa de homicidio contra Alex Roberto Zavala, ocurridos durante las protestas en junio de 2009 tras la destitución del entonces presidente Manuel Zelaya.
El Ministerio Público sostiene que ambas víctimas fueron heridas por proyectiles disparados durante manifestaciones ciudadanas reprimidas por las fuerzas bajo el mando del general retirado. Desde marzo de 2025, la recompensa ha ido en aumento, desde los iniciales 500 mil lempiras ($19 mil) hasta alcanzar la suma actual.
En septiembre, la Policía Nacional había fijado el monto en 30 millones de lempiras, unos 1.14 millones de dólares, pero el nuevo ajuste de 5 millones muestra que las autoridades están decididas a cerrar el cerco sobre Vásquez, quien sigue prófugo y mantiene presencia activa en redes sociales.
A pesar de su estatus como fugitivo, Romeo Vásquez continúa publicando en redes sociales, donde desafía abiertamente al gobierno de Xiomara Castro, a quien acusa de llevar al país hacia el comunismo. También ha criticado al partido oficialista Libre y a su presidenciable Rixi Moncada.
Vásquez, recordado por su papel clave en la expulsión forzada de Zelaya en 2009, intentó ingresar a la política electoral sin éxito en las elecciones presidenciales de 2013 y 2017 como candidato del partido Alianza Patriótica. Para algunos analistas, su persecución judicial también tiene tintes de revancha política.
Mientras tanto, las autoridades de seguridad de Honduras mantienen activo el operativo para su localización, instando a la ciudadanía a colaborar con cualquier información.