Siete principales organizaciones de prensa de Guatemala se declararon decididas a “vigilar y defender la libertad de expresión”, supuestamente amenazada por la persecución penal a comunicadores.
“Las entidades coincidieron en manifestar su rechazo en cuanto a la pretensión de investigar a periodistas y columnistas al amparo de la Ley contra la delincuencia organizada”, afirma un comunicado fechado el lunes, pero divulgado este martes.
Los gremios aclaran que la ley determina que los delitos y faltas en la emisión del pensamiento por los medios deben ser juzgados en un tribunal denominado de imprenta. Ese tribunal es ajeno al poder judicial y está formado, entre otros, por personalidades y periodistas.
Entre los firmantes del comunicado figuran la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), Círculo Nacional de Prensa y Federación de Escuelas Radiofónicas
El sábado decenas de periodistas y activistas guatemaltecos realizaron una manifestación pacífica frente a la Corte Suprema de Justicia para rechazar la persecución penal a comunicadores y denunciar ataques a la libertad de expresión.
La organizaciones girarán invitaciones al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pedro Vaca Villarreal, y a la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de Naciones Unidas, Irene Khan, para observar esta situación en el país.
El pasado martes, un juez abrió un segundo proceso penal contra JosÉ Rubén Zamora, fundador del diario elPeriódico quien publicó reportajes sobre corrupción estatal, por conspiración para obstrucción de la justicia.
Según la acusación, el periodista supuestamente intentó frenar una investigación en su contra por lavado de dinero en 2021.
En esa audiencia, la fiscal solicitó investigar a los nueve comunicadores del diario, lo cual provocó una ola de rechazo a nivel local e internacional.
El jueves anterior, el gobierno del presidente Joe Biden expresó su “profunda preocupación” por las investigaciones contra los periodistasy estimó que “criminalizar” el trabajo de la prensa “socava las normas democráticas”.
El Ministerio Público (Fiscalía) rechazó el viernes esa apreciación y pidió un acercamiento con las autoridades estadounidenses para aclarar la situación.
