Periodista guatemalteco lleva más de mil días detenido y crece la preocupación por la libertad de prensa en el país

Un juez revocó el arresto domiciliario contra Zamora por supuestas amenazas; gremios piden a la CSJ frenar criminalización.

El periodista guatemalteco José Rubén Zamora cumple 1,001 días privado de libertad, en un caso que ha generado alarma entre organizaciones defensoras de derechos humanos y gremios periodísticos en Centroamérica. 

Su familia y colegas consideran que su encarcelamiento constituye una represalia por sus denuncias contra la corrupción y un grave golpe a la libertad de expresión.

Zamora, fundador de elPeriódico, medio que cerró en 2023 tras intensas presiones, fue detenido el 29 de julio de 2022, poco después de publicar fuertes críticas al entonces presidente Alejandro Giammattei. El Ministerio Público (MP) lo acusó de lavado de dinero, pero varias organizaciones han señalado inconsistencias en el proceso.

Aunque en octubre de 2024 obtuvo arresto domiciliario, esta medida fue revocada en marzo pasado, luego de que el juez penal Erick García alegara haber recibido amenazas, en respuesta, ordenó que Zamora regresara a prisión.

José Carlos Zamora, hijo del periodista, calificó el encarcelamiento de su padre como un “ataque contundente contra los comunicadores” y denunció la existencia de “estructuras corruptas enquistadas en el sistema judicial”.

También pidió al presidente Bernardo Arévalo y a los demás poderes del Estado que actúen con urgencia:  

 “Es urgente que el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo desarticulen la organización criminal del MP”, afirmó.

Reacciones del gremio

Mario Recinos, presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), expresó que la prolongada detención de Zamora “no responde al espíritu de la ley”, sino a una estrategia para acallar voces críticas.

Recinos subrayó que, pese a que dos de los delitos imputados ya fueron descartados judicialmente, el MP insiste en reabrir esos casos y en promover nuevas acusaciones, lo que según él, evidencia “un patrón preocupante de criminalización”.

Anunció además que en los próximos días, expresidentes de la APG y del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) buscarán una audiencia con la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Vamos a exponer la situación de la libertad de prensa y el caso de Zamora en particular; no vamos a callar ante la arbitrariedad”, concluyó Recinos.

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