Un tribunal guatemalteco encontró culpables este miércoles al expresidente Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta Roxana Baldetti por dos delitos en el caso de defraudación fiscal conocido como “La Línea” y que llevó a su destitución en 2015. El tribunal les impuso una sentencia de 16 años de prisión a cada uno de ellos y una multa de 8 millones 799 mil quetzales (cerca de 1.2 millones de dólares)
Sin embargo, las tres juezas del Tribunal de Mayor Riesgo B de la capital guatemalteca absolvieron a Pérez Molina y Baldetti de los delitos más graves por los que los acusaban: enriquecimiento ilícito y cohecho pasivo.
“Ustedes sabían lo que estaban haciendo”, les dijo la jueza Jeannette Valdés Rodas, al razonar la sentencia.
Las jueces reconocieron que Pérez Molina y Baldetti eran los cabecillas de la estructura y que recibían sobornos a través de mandos medios y bajos.
El Tribunal reconoció que se evidenció que existió un enriquecimiento ilícito, pero dice que no se presentaron pruebas, informes, reportes, documentos de banco que lo sustentaran.
“Si bien existe un monto dinerario que según el Ministerio Público recibieron los sindicados, no hay ninguna prueba que establezca que hubo un incremento patrimonial”, dijeron las juezas.
“Estamos resolviendo de forma transparente e independiente y sin dejarnos llevar por ninguna presión, pero puede ser que más de en algo nos hayamos confundido, para eso existen los recursos”, justificó la jueza Merling González
La jueza Janeth Valdés señaló deficiencias de parte de los fiscales y exhortó a la Fiscalía que “este caso sea para mejorar el trabajo del Ministerio Público”.
Valdés, desestimó la declaración del testigo “Eco” quien había revelado el funcionamiento de la estructura y modo en el que operaba los cobros de soborno para el binomio presidencial.
Pérez Molina: “me condenaron sin pruebas”
El expresidente Pérez Molina se declaró “decepcionado y frustrado” de la decisión judicial y aseguró que “me condenaron sin pruebas”.
“¿Qué sentido tiene que yo defraude al Estado si no hay ninguna prueba de que yo haya recibido un centavo, no hay enriquecimiento ilícito”, dijo Pérez Molina, quien aseguró que presentará una apelación a la condena.
La estructura operó desde finales de 2013 hasta que el 16 de abril de 2015, en las aduanas de Puerto Quetzal, Central y Santo Tomás de Castilla.
En agosto de 2015, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la fiscalía guatemalteca ordenaron la captura de Baldetti y una solicitud de antejuicio contra Pérez por los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera.
Dos exdirectores de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala (SAT), Omar Franco y Carlos Muñoz fueron absueltos, al igual que el dirigente sindical de la entidad, Anthony Segura Franco. Otros funcionarios de menor rango también fueron absueltos mientras que dos extécnicos aduaneros fueron encontrados culpables, al igual que un integrante externo de la estructura.
El caso involucraba a altos funcionarios como el exsecretario privado de la exvicepresidenta, Juan Carlos Monzón.
Masivas protestas obligaron a Pérez Molina a renunciar a la presidencia el 2 de septiembre de 2015.
