El proyecto del Gran Canal de Nicaragua, una de las iniciativas más ambiciosas anunciadas por el régimen de Daniel Ortega, sigue recibiendo financiamiento estatal en 2026. Esto ocurre a pesar de que no hay avances visibles ni información pública que explique en qué se están utilizando los recursos asignados.
El Presupuesto General de la República contempla este año una asignación de 9.26 millones de córdobas (unos $250,000) para la Autoridad del Gran Canal, entidad encargada de administrar el proyecto que la dictadura ha intentado repetidamente vender a empresarios chinos o al propio gobierno chino.
Aunque la cifra es menor a la de años anteriores, mantiene activa una estructura estatal vinculada a una obra que, en la práctica, no muestra señales de ejecución.
Entre 2024 y 2025, el presupuesto destinado a esta entidad superó los 12.5 millones de córdobas (alrededor de $340,000), lo que refuerza la continuidad administrativa de un proyecto sin avances visibles.
La falta de información abre cuestionamientos sobre el destino real de estos fondos: ¿se trata de una inversión estratégica a futuro o de recursos que se sostienen sin resultados concretos?
Expertos como el economista Juan Sebastián Chamorro señalan que esta permanencia podría responder a distintos factores, desde la intención de mantener abierta la posibilidad de inversión hasta la conservación de cargos dentro del aparato estatal.
En 2024, además, la estructura de la Autoridad del Gran Canal fue reformada, quedando bajo una directiva encabezada por el ministro de Transporte y figuras cercanas al Ejecutivo, lo que refuerza el control político sobre el proyecto.
Sin embargo, no existen reportes públicos de obras en marcha ni de avances recientes, incluso mientras el país anuncia nuevos proyectos de infraestructura en otras áreas.
En este contexto, la asignación de fondos a un proyecto sin ejecución visible vuelve a poner en debate las prioridades del gasto público en Nicaragua y la transparencia en el manejo de recursos estatales.