Pese a su discurso antiestadounidense, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha recibido sin pronunciamientos públicos a cientos de nicaragüenses deportados.
Mientras otros gobiernos de la región han trazado estrategias para atender la creciente ola de deportaciones, el régimen sandinista ha manejado la situación con discreción, limitándose a una recepción burocrática y sin medidas claras de reinserción para los retornados.
El miércoles 12 de febrero, un vuelo de la aerolínea SwiftAir llegó a Nicaragua con 93 deportados, incluidos 85 hombres y 8 mujeres. El régimen los recibió con medios de propaganda oficial, autoridades policiales, de inteligencia y de salud, pero sin declaraciones ni actos públicos.
Los deportados, según reportes, fueron alineados y registrados en una oficina donde se les tomaron fotografías, se verificó su estado de salud y se les entregó un refrigerio y un viático de transporte.
A algunos se les facilitó traslado a sus lugares de origen en vehículos oficiales, mientras que otros fueron llevados a instalaciones del sistema judicial en Managua.
Creciente número de deportaciones sin respuesta oficial
Desde enero, Nicaragua ha atendido una creciente cantidad de retornados. Entre el 20 y el 27 de enero, el Ministerio del Interior registró 1.779 servicios a repatriados provenientes de Costa Rica, México y Estados Unidos, lo que sugiere la llegada de múltiples vuelos con migrantes deportados.
A diferencia de países como Colombia, que ha rechazado vuelos de deportados y ha exigido un trato digno a sus ciudadanos, Nicaragua ha mantenido una postura de total silencio, sin protestas diplomáticas ni gestiones públicas para sus nacionales en el extranjero.
La llegada de deportados a Nicaragua ocurre en un contexto de endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos, con el regreso del republicano Donald Trump a la presidencia.
El 20 de enero, apenas asumió el poder, Trump firmó órdenes ejecutivas contra programas de alivio migratorio, y días después, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió una directriz para acelerar deportaciones masivas. Datos de Fox News Digital indican que hasta noviembre de 2024 había 1,4 millones de personas en lista de deportación en EE.UU., incluyendo 45.995 nicaragüenses.
El régimen de Ortega cuestionó EE.UU. en este tema, alegando que “violan derechos humanos” y “destierran a gente inocente”.
Eso, pese a que organismos de derechos humanos han documentando ampliamente las políticas de destierro, exilio forzado, violación crónica de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad del régimen familia Ortega Murillo en Nicaragua.
Expertos en migración advierten que Nicaragua no ha implementado ningún plan de reinserción para los deportados, lo que deja a muchos de ellos en una situación de vulnerabilidad.
Harold Rocha, abogado y presidente del Nicaraguan American Legal Defense and Education Fund (NALDEF), señaló que el régimen debería garantizar un plan de atención integral para los retornados. “No hay asistencia legal, social ni económica para los deportados. Ortega los recibe en silencio, pero no les ofrece ninguna garantía”, afirmó Rocha.
Mientras las deportaciones aumentan, la dictadura sigue sin definir una política pública clara para sus ciudadanos retornados, en una muestra más del doble discurso del régimen sandinista, que critica a Estados Unidos en su propaganda pero recibe sin planes a los migrantes expulsados.
