El ministro de Justicia de Costa Rica, Gerald Campos, insistió en que los criminales sentenciados o involucrados en delitos graves no deben gozar de arresto domiciliario monitoreados por localizadores electrónicos.
El gobierno pretende que esta y otras medidas sean aprobadas para el combate de la creciente criminalidad en el país.
La propuesta en específico dice que solo quienes sean condenados a penas no mayores de 4 años deberían beneficiarse con la libertad asistida y controlada por tobilleras que indican la ubicación del reo en tiempo real.
“En lugar de estar cumpliendo una pena, están con monitoreo o en lugar de estar esperando un juicio en celdas, están afuera. Si la ley actual lo permite, yo no puedo decir que un juez actuó mal”, dijo Campos.
Agregó que tampoco es correcto justificar la libertad condicional alegando falta de espacio en las cárceles.
Costa Rica vive una ola de violencia sin precedentes y el año pasado hubo 656 homicidios, una cifra récord para el país.
El presidente Rodrigo Chaves insiste en que la violencia ha crecido debido al narcotráfico, algo con lo que coinciden analistas y especialistas en seguridad ajenos al gobierno. Ante ello ha lanzado el plan “Costa Rica segura”, que incluye varias medidas, como aumentar el número de policías.
