El ministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Jiménez, reconoció que la extorsión es casi generalizada y que es uno de los problemas de seguridad pública que más afectan a los ciudadanos.
El funcionario en una entrevista televisiva aceptó que, pese a los operativos y controles montados en las penitenciarías, los delincuentes continúan ordenando la comisión de estos delitos desde las cárceles.
Las llamadas para exigir el pago de las extorsiones son hechas desde las prisiones, donde el uso de celulares y otros medios para comunicarse están prohibidos.
Explicó, además, que en otras ocasiones las órdenes para cometer esos crímenes emanan de las penitenciarías y otros delincuentes las cumplen al exigir los pagos de las víctimas.
Jiménez insistió en que desarrollan como gobierno una estrategia para recuperar el control de las prisiones. Esto incluye la depuración del sistema de vigilancia penal.
Anunció que hay al menos 120 denuncias contra agentes penitenciarios por permitir diferentes delitos en las prisiones, incluido el acceso de reos a teléfonos celulares.
