La ministra de Salud de Honduras, Carla Paredes, calificó de “ignorantes” e “imbéciles” a quienes critican las decisiones recientes del Gobierno para contener el incremento de enfermedades respiratorias como la influenza, el COVID-19 y la neumonía, que han afectado a empleados públicos y escolares en todo el país.
Durante una entrevista con la radioemisora HRN, Paredes calificó de “ignorantes” a los sectores que rechazan el uso obligatorio de mascarilla y el retorno al teletrabajo en las instituciones estatales. “Casi la mayor parte de los empleados presentan síntomas. Lo mejor es darles descanso jueves y viernes, y cortar el contagio el fin de semana”, argumentó.
El Gobierno hondureño oficializó la ampliación del trabajo remoto en todas las instituciones públicas del 28 de julio al 3 de agosto. La medida incluye a organismos descentralizados y a instituciones bajo regímenes especiales como el Banco Central de Honduras y la Comisión Nacional de Banca y Seguros.
La ministra también defendió la decisión de suspender temporalmente las clases presenciales, señalando que los entornos escolares facilitan la propagación de virus debido al contacto físico constante entre los niños. “La única manera es alejarlos un tiempo mientras el foco se concentra”, indicó.
Sin embargo, las declaraciones más polémicas de la funcionaria surgieron cuando fue consultada sobre quienes vinculan estas decisiones con intereses políticos. Paredes fue tajante: “Son imbéciles. Nadie tiene que ver los problemas de salud con la política. Usted va a votar por quien quiera, pero se va a morir independientemente del partido político. Como gobierno estamos obligados a proteger la salud”, expresó.
La ministra aprovechó para reiterar la importancia de las medidas de higiene básicas, como el lavado frecuente de manos, señalando que no solo previenen el covid-19, sino otras enfermedades infecciosas comunes en esta temporada.
La presunta ola de contagios ha encendido las alertas en el sistema de salud pública y aunque las medidas adoptadas han generado controversia, el gobierno sostiene que son necesarias para prevenir una mayor saturación de los servicios sanitarios.