El Ministerio Público de Honduras anunció que giró órdenes de detención contra exfuncionarios y actores clave presuntamente involucrados en actos de corrupción. Las detenciones incluyen a una diputada, exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, operadores de justicia, sindicalistas, miembros de la Policía Nacional y particulares que supuestamente participaron en el desvío de fondos públicos y en la toma de decisiones fraudulentas.
La fiscalía especial contra la transparencia y el combate a la corrupción (FETCCOP) presentó un requerimiento fiscal contra la diputada Gladys Aurora López por el delito de malversación.
Según las investigaciones, la congresista gestionó un proyecto energético para la comunidad de La Ceibita en Opatoro, La Paz, que ya contaba con alumbrado público. Sin embargo, el proyecto fue desviado para un uso distinto, favoreciendo un proyecto privado en San Pedro Sula. Junto a ella, también fueron acusados dos exfuncionarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
En el marco del Día Internacional contra la Corrupcion, MP ejecuta allanamientos y capturas. pic.twitter.com/jDNzIQB72E
— Ministerio Público (@MP_Honduras) December 9, 2024
Otro caso destacado involucra a Norma Agripina García, secretaria municipal de Tocoa, Colón, quien es señalada de falsificar una certificación de un acta de cabildo abierto para incluir información falsa sobre la aprobación de proyectos mineros a favor de la empresa Ecotek/Pinares, con el fin de obtener una licencia ambiental de manera ilícita.
Por otro lado, Bayron Hernández Castañeda, juez municipal de Santa Rosa de Copán, enfrenta acusaciones por concusión, ya que presuntamente utilizó a privados de libertad y menores infractores para realizar trabajos comunitarios, los cuales fueron empleados para la construcción de su propia casa.
En un caso más amplio que involucra a altos funcionarios, la Fiscalía Especial de Enjuiciamiento de Servidores del Sector Justicia (FEES-SI) presentó acusación contra cinco exmagistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, quienes, según la acusación, cometieron el delito de prevaricato judicial. Estos exmagistrados habrían formado parte de una estructura que desvió más de $3.16 millones (80 millones de lempiras) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) a través de resoluciones arbitrarias. Los fondos, según se alega, fueron depositados en cuentas personales.
Además, se ha presentado una acusación por el desvío de fondos en el programa “Prevención y Mitigación de Desastres Naturales”, financiado con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de 18 millones de dólares. Lisandro Rosales Banegas, excomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), y otros exfuncionarios y representantes de empresas privadas, están involucrados en este fraude.
La Fiscalía también ha acusado a Héctor Ramón Ventura Henriques y José Alberto Zelaya Guevara por lavado de activos, relacionados con el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), destacando la magnitud de las operaciones ilícitas que han afectado los recursos del Estado.
