El Ministerio Público (MP) de Guatemala pidió una condena de 2,860 años de prisión contra el exjefe del Estado Mayor, el general retirado Benedicto Lucas García, a quien acusa de actos de genocidio cometidos contra la población Ixil en el departamento de Quiché, entre 1981 y 1982, durante el gobierno de su hermano, el expresidente Romeo Lucas García.
La acusación del MP subraya que Lucas García, en su calidad de alto mando militar, fue responsable de numerosas desapariciones forzadas y de la ejecución extrajudicial de miembros de la comunidad Ixil, a quienes se les vinculó injustamente con grupos insurgentes.
Por ello, la fiscalía solicitó una condena histórica de 2,860 años de prisión, cifra que refleja la gravedad de los crímenes y la cantidad de víctimas afectadas.
Detalle de la petición de la fiscalía
La solicitud de pena presentada por la Fiscalía de Derechos Humanos se desglosa de la siguiente manera:
30 años de prisión por el delito de genocidio.
30 años de prisión por el delito de deberes contra la humanidad.
40 años de prisión por el delito de desaparición forzada, un delito que se multiplica por cada una de las víctimas, sumando un total de 70 personas desaparecidas, lo que da un total de 2,800 años de prisión por este cargo.
#URGENTE | El @MPguatemala pidió 2860 años de cárcel en contra de Manuel Benedicto Lucas García por genocidio, delitos contra los deberes de la humanidad y desapariciones forzadas, delitos cometidos en contra del pueblo maya ixil. #ixil @OJGuatemala @Ejercito_GT pic.twitter.com/5KAfVoVYiY
— Periodista (@hugomorales84) November 7, 2024
De acuerdo con el Ministerio Público, las pruebas presentadas durante el juicio de más de 7 meses en el Tribunal de Mayor Riesgo A confirman que Benedicto Lucas García tuvo un rol central en la planificación y ejecución de la represión contra las comunidades ixiles, en el marco de una campaña militar sistemática que incluyó ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, en el contexto de la guerra civil guatemalteca.
Los crímenes de la campaña militar
Según la acusación, en 1981 y 1982, Lucas García, junto a otros altos mandos militares, ordenó y coordinó una serie de ataques violentos contra las comunidades ixiles, basándose en la premisa de que estos pueblos eran aliados de la guerrilla insurgente.
Durante este periodo, se estima que el 55% de la población Ixil fue ejecutada o desaparecida.
Además, se documentaron al menos 70 desapariciones forzadas, cuyos responsables, de acuerdo con el MP, fueron los miembros del Ejército bajo el mando de Benedicto Lucas.
El Ministerio Público sostiene que, aunque los cuerpos de las víctimas no han sido encontrados, las pruebas presentadas en el juicio demuestran la participación activa de Lucas García en estos crímenes de lesa humanidad.
Situación legal y condenas previas
Este no es el primer proceso judicial en el que está involucrado Benedicto Lucas García. En 2018, el Tribunal de Mayor Riesgo C lo condenó a 58 años de prisión por su responsabilidad en la desaparición forzada, delitos contra la humanidad y violación con agravación de la pena, en el caso de las desapariciones de Emma Guadalupe y Marco Antonio Molina Theissen, víctimas del conflicto armado interno.
Esta sentencia está actualmente en proceso de apelación y no ha adquirido firmeza.
En cuanto a su estado de salud, Lucas García ha recibido atención médica constante, ya que padece problemas de salud que le impiden estar recluido en un centro penitenciario. Por ello, se encuentra internado en el Centro Médico Militar, desde donde sigue su proceso judicial.
