Más de 300 mil hogares en Honduras han sido víctimas de extorsión en los últimos años, un delito que no solo golpea la economía familiar, sino que también está provocando desplazamientos forzados y cambios drásticos en la vida cotidiana.
Un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) advierte que, pese al estado de excepción vigente desde 2022, el fenómeno sigue en expansión y afecta cada vez a más regiones del país.
La ASJ señala que la tasa de hogares afectados por extorsión pasó del 9 % en 2022 al 11,6 % en 2024, lo que refleja un crecimiento sostenido del delito. Según la organización, las múltiples prórrogas del estado de excepción y el aumento de operativos policiales no han logrado reducir el número de víctimas ni el clima de temor generalizado en la población.
El informe también evidencia un fuerte subregistro de denuncias. Mientras en 2021 se reportaron cerca de 2.000 denuncias formales por extorsión, la cifra proyectada para 2024 es menor a 500. Las detenciones han disminuido de más de 460 en 2021 a menos de 200 este año, lo que, según la ASJ, no significa que el delito haya bajado, sino que las víctimas evitan denunciar por miedo o desconfianza en el sistema.
La organización advierte que la extorsión ha dejado de concentrarse únicamente en grandes ciudades y ahora se extiende a zonas que antes eran consideradas más seguras. Este “repliegue y despliegue” de estructuras criminales ha ampliado su presencia territorial, afectando a comerciantes, pequeños empresarios y profesionales independientes que deben destinar parte de sus ingresos al pago de cuotas bajo amenaza.
El impacto trasciende lo económico. Datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) indican que más de 600 menores al año han estado en riesgo o han sido víctimas de desplazamiento forzado interno en los últimos años.
La extorsión, sumada al reclutamiento de adolescentes por estructuras criminales, configura un escenario que compromete el desarrollo social y económico de Honduras y representa un desafío que resuena en toda Centroamérica, una región que enfrenta patrones similares de criminalidad organizada y migración forzada.