Se estima que más de 18,000 menores hondureños se encuentran viviendo en situación de calle por el consumo de drogas, por sufrir violencia física, emocional o sexual o por las condiciones económicas de sus hogares, la Red Coordinadora de Instituciones Privadas por las Niñas, Niños y Adolescentes.
Wilmer Vásquez, director de la Red Coordinadora de Instituciones Privadas por las Niñas, Niños y Adolescentes dijo que si bien no existe un registro exacto de los menores en condición de calle, las organizaciones de protección estiman que son más de 18,000 quienes por pobreza o negligencia de sus padres viven en las calles.
Vásquez indicó que la mayoría de estos menores en situación de vulnerabilidad permanecen en semáforos, debajo de puentes, en las áreas o en otros espacios públicos debido al consumo de drogas, por ser víctimas de violencia o por las condiciones de pobreza de sus familias.
Por ello, criticó que la condición de estos menores no sea un punto prioritario en agenda nacional y que solo se tomen medidas para retirarlos de los espacios públicos, pero no para brindarles protección integral por la situación en la que viven.
Vásquez advirtió que una de las consecuencias de mantenerse en la calle es que los menores quedan más expuestos a ser reclutados por organizaciones criminales como pandillas o bandas de narcotráfico para cometer ilícitos de forma forzada.
Por ello, es que insta a las autoridades hondureñas para que dejen de normalizar que estos menores se mantengan en espacios públicos, sino que se tomen medidas eficientes para prevenir estas condiciones y brindar protección integral a quienes ya viven en esta vulnerabilidad.
No se ha trabajado en resolución
Vásquez también recordó que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución considerando que las medidas de mantenerse en casa durante la pandemia de Covid-19 y lavarse las manos frecuentemente eran “imposibles” para menores sin hogar.
Por lo que, se ordenó al Estado que realizara un censo de estas poblaciones, donde se identificaran los lugares en que se mantienen y las instituciones que les dan asistencia. Asimismo, obligaba al gobierno a brindar apoyo financiero a las organizaciones que atienden estos casos, sin embargo, poco se ha hecho para cumplir estas indicaciones.