La Organización de las Naciones Unidas alertó sobre un deterioro en el Estado de derecho en Guatemala. Este está marcado por presiones contra jueces y fiscales. Además, hay un uso del sistema penal para perseguir a operadores de justicia.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) advirtió que en Guatemala persisten prácticas que debilitan la institucionalidad democrática. Entre ellas está la criminalización de funcionarios del sistema judicial que actúan en el cumplimiento de sus funciones.
El señalamiento forma parte de su informe anual sobre la situación de derechos humanos en 2025. Fue presentado en la Ciudad de Guatemala ante representantes de la sociedad civil, autoridades indígenas y miembros del cuerpo diplomático.
El documento, que también fue expuesto ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, recoge las principales preocupaciones de Naciones Unidas sobre lo que considera una regresión democrática en el país.
Según la Oacnudh, el Estado enfrenta desafíos críticos para garantizar la independencia judicial, en un contexto donde algunos operadores de justicia han sido objeto de procesos penales que, según el organismo, buscan limitar su accionar.
Tras la presentación del informe, el coordinador residente del sistema de Naciones Unidas en Guatemala, Miguel Barreto, subrayó que el respeto a los derechos humanos es fundamental para la estabilidad y el desarrollo de cualquier nación.
Agradecemos a nuestras contrapartes su presencia y el diálogo propositivo en la presentación del #Informe2025 sobre la Situación de los #DerechosHumanos en 🇬🇹. La Oficina reafirma su compromiso para continuar el trabajo conjunto por los DDHH.
— OACNUDH Guatemala (@Oacnudh_GT) March 25, 2026
Informe 👉 https://t.co/1z2KoG1Y6L pic.twitter.com/zO6l75NVGz
Bareto recordó que la defensa de estas garantías no es una tarea aislada, sino un compromiso central del sistema internacional, al considerar que los derechos humanos son esenciales para la paz y la seguridad.
El informe también recomienda al Estado guatemalteco implementar medidas urgentes para proteger a defensores de derechos humanos y periodistas, así como garantizar procesos transparentes y basados en el mérito en la elección de magistrados y cortes.