El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York hizo pública una acusación de más de 100 páginas en la que se acusa a Nicolás Maduro y altos funcionarios de su gobierno de liderar una compleja red criminal transnacional dedicada al tráfico de cocaína.
Según el documento judicial, el régimen venezolano facilitó, encubrió y lucró con la exportación de miles de toneladas de droga hacia el mercado estadounidense. La denuncia incluye el uso de países como Honduras y Nicaragua como puntos clave en el tránsito de cocaína hacia Estados Unidos.
Junto a Maduro, fueron imputados otros altos cargos del chavismo como Diosdado Cabello, Cilia Flores (su esposa), Nicolás Ernesto Maduro Guerra (su hijo, conocido como “Nicolasito”) y el líder de la organización criminal Tren de Aragua, Héctor “Niño” Guerrero. Se les vincula con organizaciones terroristas y cárteles como las FARC, el ELN, el Cártel de Sinaloa y los Zetas.
La acusación señala que Maduro utilizó su poder político desde 1999 para convertir a Venezuela en un narcoestado. Desde entonces, el régimen habría promovido una cultura de impunidad para el tráfico de cocaína a cambio de millonarias ganancias, protegiendo con pasaportes diplomáticos a narcotraficantes y facilitando vuelos con cargamentos ilícitos.
Nexos con la región
Un aspecto clave del documento es la mención directa a Honduras, Guatemala, México y Nicaragua como puntos de tránsito de cocaína. Estas rutas fueron utilizadas sistemáticamente por redes delictivas protegidas por el régimen venezolano para trasladar droga desde Colombia hasta su destino final en Estados Unidos.
Honduras es señalado como un corredor estratégico dentro del “puente aéreo y marítimo” operado por los cárteles en complicidad con funcionarios venezolanos.
El documento detalla que cargamentos salían desde pistas clandestinas en Venezuela hacia puntos de descarga en el Caribe y Centroamérica, donde contaban con protección oficial.
Nicaragua, aunque mencionada de forma más indirecta, aparece entre los países del istmo que permitieron el paso de los cargamentos hacia el norte. Estas operaciones eran encubiertas mediante sobornos a políticos y agentes de seguridad locales, replicando el modelo de corrupción venezolana en otros gobiernos de la región.
La acusación subraya que entre 200 y 250 toneladas de cocaína transitaron por Venezuela anualmente, muchas de las cuales pasaban por rutas centroamericanas. Parte del tráfico se realizaba desde el estado de Aragua, bajo el control del Tren de Aragua, organización que extendió su operación hasta Nueva York.
La colaboración entre Maduro y organizaciones como el Tren de Aragua y las FARC incluyó operaciones conjuntas para el transporte, almacenamiento y envío de droga. Se reveló incluso que miembros del régimen ordenaron asesinatos y secuestros para proteger las rutas de tráfico y evitar la pérdida de cargamentos.
A través de estos esquemas, las autoridades estadounidenses sostienen que el narcoestado venezolano extendió sus tentáculos hacia toda América Latina, afectando directamente la estabilidad institucional de países como Honduras y Nicaragua. Funcionarios locales en estas naciones habrían recibido pagos a cambio de protección a traficantes.
La Fiscalía estadounidense concluye que los imputados conspiraron para importar cocaína, proveer apoyo a organizaciones terroristas y utilizar armas de guerra como parte de sus operaciones. De ser hallados culpables, podrían enfrentar cadena perpetua. Mientras tanto, la denuncia marca un precedente en la judicialización del régimen venezolano como entidad criminal internacional.