El pasado 5 de agosto, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) informaron sobre la incautación de 193 mil quetzáles (más de $25,000) en el Centro de Detención Preventiva para Hombres Renovación 1, ubicado en Escuintla.
Según la PNC, el dinero fue hallado en poder de Jorge Yahir de León Hernández, alias “El Diabólico”, cabecilla de la Mara Salvatrucha, quien habría recibido el efectivo de forma ilegal dentro del penal.
Sin embargo, durante una audiencia celebrada el 27 de septiembre, el reo presentó documentación que indicaba que el traslado del dinero había sido autorizado por la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP).
De acuerdo con su defensa, el efectivo provenía de supuestos negocios “legales” que operaban dentro del centro carcelario Pavoncito, en Fraijanes, donde De León estaba recluido antes de ser trasladado a Renovación 1.
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, presentó cargos por lavado de dinero ante el Juzgado de Primera Instancia Penal de Escuintla, pero la jueza desestimó la acusación y decretó falta de mérito.
Según el fallo, la existencia de un informe oficial del Sistema Penitenciario que validaba el traslado del dinero impedía configurar el delito.
“El documento presentado muestra que la DGSP no solo tenía conocimiento del dinero, sino que autorizó su traslado en maletines desde Pavoncito hacia Renovación 1”, explicó el MP en un comunicado.
Además, el Ministerio aseguró que la jueza consideró que no existía flagrancia, ya que las autoridades penitenciarias estaban al tanto del movimiento del efectivo.
Ante la resolución, el Ministerio Público expresó su desacuerdo, señalando que “la autorización del DGSP para trasladar dinero de dudosa procedencia no exime la posible comisión de un ilícito ni legitima capitales no justificados, especialmente dentro de un centro de privación de libertad”.
El MP interpuso una apelación ante la Sala de Apelaciones correspondiente y está a la espera de una resolución. Mientras tanto, el caso ha reavivado el debate sobre los privilegios y la corrupción dentro de las cárceles guatemaltecas, donde incluso los cabecillas de pandillas parecen operar con aval institucional.