Uno de los jefes policiales de Honduras aclaró que hay nuevas facultades para perseguir a integrantes y colaboradores de maras y pandillas, tras su declaración como organizaciones terroristas.
Daniel Molina, director de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas de la Policía, destacó la medida como una herramienta contra el crimen organizado.
Según Molina, los integrantes de estas estructuras podrán ser capturados sin una orden judicial bajo la figura de flagrancia permanente.
El funcionario también afirmó que las autoridades podrán realizar allanamientos sin orden judicial cuando existan vínculos con las organizaciones declaradas terroristas.
La medida busca facilitar la persecución de miembros de maras y pandillas en cualquier punto del territorio hondureño.
Molina señaló que la disposición alcanzará a quienes participen en extorsiones, tráfico de drogas y otras actividades criminales.
Colaboradores también quedan bajo vigilancia
La aplicación de la medida no se limitará a quienes integren directamente las estructuras criminales.
Molina explicó que también podrán ser perseguidos quienes colaboren con ellas o faciliten sus operaciones.
Como ejemplo, mencionó a personas que reciban dinero de extorsiones para una mara o pandilla.
La Policía podría utilizar la trazabilidad financiera para establecer esos vínculos y proceder contra los sospechosos.
El funcionario afirmó que la declaratoria también implica cambios en las condiciones procesales y penitenciarias de los acusados.
Según Molina, estos detenidos no podrán acceder a medidas distintas de la prisión y enfrentarán un régimen especial.
Ese régimen contempla controles sobre comunicaciones y visitas dentro de los centros penitenciarios.
La declaratoria amplía la ofensiva contra las pandillas
La declaración de maras y pandillas como organizaciones terroristas incorpora un nuevo marco para combatir sus actividades criminales.
La medida tiene especial impacto en la lucha contra la extorsión, delito que afecta a comerciantes, transportistas y otros sectores.
Molina aseguró que la Policía mantiene protocolos para proteger a quienes presentan denuncias.
Explicó que los denunciantes reciben códigos para preservar su identidad durante el proceso investigativo.
También destacó la utilización de testigos protegidos y mecanismos de investigación financiera.
Sin embargo, el funcionario remarcó que las capturas deben continuar dentro del debido proceso.
La legislación hondureña establece garantías para las personas detenidas, incluso cuando enfrenten acusaciones vinculadas con organizaciones criminales.
La nueva disposición coloca a las autoridades ante el reto de aplicar estas facultades mientras mantienen los procedimientos y garantías previstos por la ley.