La Fiscalía General de Colombia confirmó que Interpol emitió una notificación roja contra Ramón Carlos González Merchán, exjefe de inteligencia del país acusado de corrupción en el manejo de fondos públicos y a quien la dictadura de Nicaragua le concedió asilo político.
La alerta no constituye una orden de captura internacional, sino una solicitud a los países miembros para localizarlo y eventualmente tramitar su extradición.
González enfrenta cargos por presuntamente haber ordenado a dos exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López y Sneyder Pinilla, el pago de sobornos a los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Las investigaciones judiciales apuntan a un entramado de desvío de recursos públicos entre mediados de 2023 y febrero de 2024.
Al momento de los hechos, González dirigía el Departamento Administrativo de la Presidencia, y posteriormente asumió como director de la agencia de inteligencia DNI, cargo desde el cual fue procesado. La justicia colombiana ya había dictado orden de detención en su contra, pero el exfuncionario logró salir del país antes de ser capturado.
El caso tiene un matiz político por la cercanía personal entre González y el presidente Gustavo Petro. Ambos militaron en el extinto grupo guerrillero M-19 hasta su desmovilización en 1991. Según Petro, el exjefe de inteligencia goza de simpatía del gobierno nicaragüense por haber participado en la revolución sandinista que derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979.
El futuro de González depende ahora de Nicaragua, que le concedió asilo político a inicios de este año. Si bien la notificación de Interpol pone en alerta a todos los países miembros, su captura solo podrá materializarse si el gobierno de Managua decide cooperar con las autoridades judiciales colombianas, algo que parece remoto.
El 20 de agosto, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo concedió asilo político a González Merchán, apenas cinco días después de que el mandatario colombiano revelara que había solicitado la extradición de este.
La cancillería nicaragüense confirmó el asilo mediante la Resolución Ministerial No. 001-2025, en la que invocó el principio de protección frente a delitos políticos o conexos con la política.
El caso de González es recurrente. Desde hace más de una década, Nicaragua se ha convertido en refugio de figuras acusadas de corrupción, narcotráfico o terrorismo en distintos países de América Latina y Europa.