La justicia de Honduras dictó una de las sentencias más severas en su historia reciente al condenar a 15 reclusas por la masacre ocurrida en junio de 2023 en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), donde murieron 46 internas. El fallo revive el debate regional sobre el control del crimen organizado dentro de las cárceles.
El Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en materia de Criminalidad Organizada declaró culpables a las 15 mujeres como coautoras de 46 delitos de asesinato, en uno de los episodios más violentos registrados en cárceles de Centroamérica.
Por cada uno de los homicidios, las condenadas recibieron penas de 20 años de prisión, acumulando un total de 920 años bajo la figura de concurso real de delitos, según la legislación hondureña.
Además, el tribunal impuso una condena adicional de 13 años y cuatro meses por cuatro delitos de asesinato en grado de tentativa, así como seis años por asociación para delinquir y 15 años por incendio cualificado.
Un ataque planificado
Las investigaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) establecen que el ataque fue planificado y ejecutado por internas vinculadas a estructuras criminales, lo que evidencia la presencia de redes organizadas dentro del sistema penitenciario.
El expediente judicial detalla que las agresoras sometieron a custodias, tomaron el control de módulos y deshabilitaron sistemas de seguridad para atacar a internas de grupos rivales dentro del penal.
Durante la masacre, algunas víctimas murieron por disparos, mientras otras fallecieron calcinadas o por asfixia tras incendios provocados dentro de los módulos, lo que elevó el impacto del caso a nivel internacional.
El hecho reactivó cuestionamientos de organismos de derechos humanos sobre la capacidad del Estado hondureño para garantizar seguridad en sus cárceles, en un contexto regional donde el control de pandillas y redes criminales sigue siendo un desafío clave.