El gobierno de Honduras anunció que en los próximos dos meses iniciará una subasta internacional para vender el avión presidencial, una aeronave que ha estado en el centro de la polémica durante años.
La administración espera recaudar hasta 750 millones de lempiras (unos 29 millones de dólares) con la operación, recursos que asegura serán destinados a programas de inversión social.
La venta fue posible después de que las autoridades resolvieran los inconvenientes legales y administrativos que impedían transferir la aeronave. Entre ellos figuraban problemas relacionados con la documentación y el registro del avión como parte del patrimonio del Estado, requisitos indispensables para avanzar con la subasta.
El Congreso Nacional aprobó este año el decreto que autoriza la venta mediante un proceso nacional o internacional. Antes de salir al mercado, el avión deberá ser sometido a un avalúo independiente para determinar su valor real y establecer un precio base que garantice transparencia durante la negociación.
La aeronave, un Embraer Legacy 600 adquirido en 2014, ha sido objeto de cuestionamientos desde su compra por el elevado costo de la operación y por las investigaciones que surgieron sobre el proceso de adquisición durante administraciones anteriores. Su mantenimiento también representa un gasto importante para el Estado hondureño.
El gobierno sostiene que vender el avión permitirá reducir esos costos y convertir un activo poco utilizado en recursos para financiar proyectos públicos. Las autoridades consideran que el dinero obtenido podrá ser invertido en áreas prioritarias, aunque aún no han detallado cuáles serán los programas beneficiados.