A menos de un mes de que asuma una nueva administración en Honduras, la Secretaría de Finanzas aprobó ajustes salariales, reclasificaciones y aumentos para empleados públicos por más de 13 millones de lempiras (casi $400,000) una decisión que ha generado debate sobre su impacto fiscal en plena transición de poder.
La Secretaría de Finanzas (Sefin) de Honduras emitió tres resoluciones en noviembre de 2025 que autorizan cambios en escalas salariales, reestructuración de puestos y nivelaciones para empleados públicos.
Uno de los principales ajustes, la Resolución No. 418-2025, benefició a 16 servidores excluidos del Régimen de Servicio Civil, homologando sus salarios a niveles más altos con efecto retroactivo desde septiembre de 2025. Aunque la solicitud original abarcaba más de 200 empleados, la Dirección General de Presupuesto solo aprobó este segmento por disponibilidad de recursos.
Otra parte del paquete, la Resolución No. 476-2025, autorizó ajustes salariales para 198 servidores bajo régimen civil, con incrementos mensuales que varían según puesto y reclasificación. En algunos casos, los ajustes superan los 12 000 lempiras ($454) mensuales, mientras que otros roles vieron subidas menores pero significativas en el contexto del salario público hondureño.
La decisión ha encendido críticas y preguntas sobre su oportunidad y posible carga presupuestaria. Opositores y analistas señalan que realizar cambios salariales importantes justo antes de una transición de mando, faltando 22 días para la toma de posesión del nuevo gobierno, podría limitar la flexibilidad fiscal del próximo equipo administrativo.
Aunque algunos defensores de los aumentos argumentan que buscan corregir distorsiones históricas en las remuneraciones públicas, organizaciones sociales y sectores independientes piden transparencia y explicación clara del impacto presupuestario, en un país donde el gasto público debe equilibrarse con desafíos de desarrollo y servicios básicos que aún enfrentan brechas importantes.