El Congreso Nacional de Honduras aprobó una nueva Ley de Empleo a Tiempo Parcial que redefine el trabajo por horas en el país, introduciendo contratos indefinidos, derechos laborales proporcionales y nuevas reglas para su implementación en el sector privado.
La normativa sustituye el esquema anterior derogado en 2022 y marca un cambio clave en el mercado laboral hondureño, donde miles de trabajadores habían quedado sin acceso a modalidades flexibles de empleo formal.
Uno de los principales cambios es que ahora los contratos pueden ser indefinidos, lo que brinda mayor estabilidad a los trabajadores. En el modelo anterior, predominaban los contratos temporales, con menor seguridad laboral.
Además, los beneficios laborales ya no se incluyen dentro de un recargo salarial —como ocurría antes con el 20% adicional—, sino que se reconocen directamente de forma proporcional, incluyendo vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes.
Beneficios de la ley
La ley también establece que el salario por hora no podrá ser inferior al mínimo legal vigente, garantizando que el esquema no implique una reducción en los ingresos base de los trabajadores.
Otro punto relevante es que los empleados bajo esta modalidad podrán trabajar para más de un empleador, siempre que exista compatibilidad de horarios, lo que abre la puerta a mayores ingresos en un país donde el subempleo sigue siendo un desafío.
El texto también fija un límite claro: si un trabajador supera las 32 horas semanales durante tres meses consecutivos, su contrato deberá convertirse automáticamente en uno de tiempo completo, fo
CCIC agradece al Congreso la aprobación de Ley de Empleo a Tiempo Parcialhttps://t.co/6YYiZMkSyD pic.twitter.com/djQk7RRR7t
— Congreso Nacional de Honduras (@hn_congreso) March 26, 2026
Además, la normativa garantiza derechos como la sindicalización y la negociación colectiva, e incluye la obligatoriedad de afiliación al sistema de seguridad social, un aspecto clave en un país donde más del 70% de la población ocupada se encuentra en la informalidad.
Finalmente, la ley establece mecanismos de control, como el registro obligatorio de contratos ante la autoridad laboral, con el objetivo de evitar abusos y generar información estadística sobre esta modalidad de empleo.