Honduras registró en 2025 una tasa de impunidad del 98 %, la más alta de los últimos cien años, según revela el estudio “Estado de país 2026”, elaborado por el Instituto de la Justicia. El informe destaca que la reducción de homicidios ha sido uno de los principales logros reportados por las autoridades hondureñas en materia de seguridad. La tasa pasó de 85.5 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2012 a 23.3 en 2025.
El informe señala que la reducción de homicidios en Honduras ha sido presentada como uno de los “principales avances en materia de seguridad”, pues pasó de una tasa de homicidios del 85.5 al 23.3 por cada 100,000 habitantes entre el año 2012 a 2025.
Sin embargo, esta caída en los número “no se ha traducido necesariamente en una mejora integral de la seguridad ciudadana” porque los hondureños viven con inseguridad y desconfianza hacia las instituciones que deberían prevenir, investigar y sancionar los ilícitos.
“En este sentido, la seguridad no puede medirse únicamente por la reducción de homicidios, sino también por la capacidad estatal de generar confianza, garantizar derechos y fortalecer el acceso a la justicia”, afirma el informe publicado.
El nivel de impunidad ha llegado al 98 % según los datos de 2025 a pesar de los fondos que se han destinado para el sector de seguridad y defensa durante la última década, mientras Honduras sigue sumida en “altos niveles de impunidad y violencia estructural”.
Este aumento acelerado de la impunidad mostraría “una creciente brecha entre la ocurrencia de homicidios y la capacidad institucional para investigarlos, judicializarlos obtener sentencias condenatorias”, lo que hace evidentes los problemas de las instituciones para coordinarse por la saturación de casos y la limitada capacidad de los órganos de justicia.
El informe indica que si bien la tasa de homicidios ha disminuido, otros delitos como extorsión, abuso sexual infantil y feminicidios siguen al alza constantemente provocando un “fuerte impacto” en la cotidianidad de sectores vulnerables como menores y mujeres.
El instituto plantea que las autoridades hondureñas deben hacer una evaluación de sus capacidades para saber qué puntos deben mejorar, mientras también deben comprometerse a mejorar el acceso a seguridad y justicia, inteligencia estratégica, marcos legales apropiados y comunicación estratégica.