El Ministerio Público (MP) de Guatemala solicitó reforzar de forma inmediata la seguridad de los cinco magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad (CC) y de la sede del tribunal, tras la circulación de un video en redes sociales que presuntamente llama a cometer atentados contra los jueces constitucionales.
La petición fue realizada por la Fiscalía de Delitos Contra Operadores de Justicia mediante oficios dirigidos tanto al director de la Policía Nacional Civil (PNC) como a la presidenta de la CC, Annabella Morfín. En ambos documentos se solicita incrementar las medidas de protección debido a una posible amenaza contra los integrantes del tribunal.
Según el MP, el video muestra a un hombre que incita a la población a organizarse para atacar la integridad física de los magistrados, de sus familiares e incluso la infraestructura donde funciona la Corte de Constitucionalidad.
Ante ese escenario, la fiscalía pidió a la PNC asignar más agentes para custodiar el edificio de la CC y reforzar la vigilancia preventiva. También solicitó a las autoridades del tribunal fortalecer de inmediato los esquemas de seguridad de cada uno de los magistrados titulares.
Hay antecedentes
Las autoridades señalaron que esta no es la primera gestión realizada. Los nuevos oficios reiteran una solicitud presentada previamente, al considerar que la amenaza podría representar un riesgo para los funcionarios judiciales.
El episodio ocurre en medio de la controversia por recientes resoluciones de la Corte relacionadas con la elección del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), un proceso que ha generado fuertes cuestionamientos y mantiene varios recursos aún pendientes de resolución.
Por su parte, la Corte de Constitucionalidad condenó públicamente cualquier acto de intimidación o incitación a la violencia contra sus integrantes y recordó que sus resoluciones responden al ejercicio independiente de la función jurisdiccional.
Además, hizo un llamado a todos los sectores del país a respetar el Estado de Derecho, la independencia judicial y la integridad física de quienes integran el máximo tribunal constitucional.