Las autoridades guatemaltecas reconocieron que el ingreso de celulares, drogas y otros objetos prohibidos sigue siendo uno de los principales desafíos del sistema penitenciario. Aunque este año se han realizado más de 200 requisas, el Ministerio de Gobernación admite que la falta de tecnología limita los controles dentro de las prisiones.
El Sistema Penitenciario de Guatemala reporta actualmente una población de 23,955 personas privadas de libertad distribuidas en 24 centros de detención. Entre enero y el 17 de mayo de 2026, las autoridades realizaron 223 requisas en distintas cárceles del país.
El viceministro de Seguridad, Estuardo Solórzano, explicó que estos operativos no se ejecutan de manera aleatoria. Por el contrario, responden a análisis de inteligencia destinados a detectar actividades ilícitas dentro de los centros penitenciarios.
Según el funcionario, algunas de las requisas permitieron identificar sectores que funcionaban como centros de llamadas desde donde se coordinaban extorsiones. Este es uno de los delitos que más preocupa a las autoridades de seguridad.
Solórzano también reconoció que parte del problema está relacionado con la participación de algunos guardias penitenciarios en el ingreso de teléfonos celulares, drogas y otros artículos prohibidos. Por estos casos existen procesos administrativos y penales en marcha contra personal señalado de colaborar con estas prácticas.
Las dificultades para controlar el ingreso de ilícitos se han agravado por la falta de equipos tecnológicos. El único escáner corporal operativo en la prisión Renovación 1, en Escuintla, fue destruido durante los motines registrados en enero, por lo que actualmente gran parte de las inspecciones se realiza de forma manual.
Ante este escenario, el Ministerio de Gobernación impulsa la compra de nuevos equipos de revisión. También impulsa sistemas para bloquear señales de telefonía móvil dentro de las cárceles.
Además, trabaja en la clasificación de reos según su nivel de peligrosidad. Asimismo, trabaja en la incorporación de 600 nuevos guardias penitenciarios, junto con la creación de una carrera penitenciaria. Esta carrera debe incluir capacitación, ascensos y mejoras salariales para combatir la corrupción dentro del sistema.